Presidenta de la Corte urgirá a diputados aprobar reforma para acelerar casos penales
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, buscará convencer a los diputados para que aprueben una reforma legal que aceleraría sustancialmente los expedientes penales, sin necesidad de destinar más recursos económicos.
Se trata de un proyecto de ley elaborado por los magistrados de la Sala Tercera, que propone modificaciones en los plazos y trámites de los expedientes. La iniciativa fue presentada en marzo de 2025 y está lista para ser discutida en el plenario legislativo desde hace un año.
Vargas buscará reunirse con las fracciones legislativas para explicar las mejoras planteadas y espera que los diputados comprendan la urgencia de aprobar la iniciativa.
"Espero generar el espacio de diálogo con las diputaciones de todas las fracciones para hacerles ver una vez más la importancia de estas reformas. Cuando estas iniciativas no prosperan, la afectada es la ciudadanía.
Desde nuestra competencia, lo que podemos hacer lo estamos haciendo, que es presentarles propuestas de ley que son serias, fundamentadas en los datos. Yo espero que las diputaciones las examinen y que puedan llegar a buen puerto", manifestó.
La propuesta plantea limitar las tácticas dilatorias de las defensas. Si un abogado privado no asiste a una audiencia por motivos como tener la agenda llena o estar enfermo, el imputado dispondrá de un máximo de cinco días para nombrar a otro defensor.
De lo contrario, se le asignará inmediatamente un defensor público para evitar la suspensión y reprogramación indefinida de los juicios. También se plantea limitar el uso tardío de las soluciones alternas.
El proyecto establece que la audiencia preliminar será la última oportunidad procesal para que las partes puedan recurrir a medidas alternas, como la conciliación, o al procedimiento abreviado.
Con ello se busca evitar que los juicios se cancelen a última hora, después de haber movilizado toda la infraestructura judicial. Esto ocurre porque, en algunos casos, la Fiscalía y los abogados llegan a un acuerdo justo cuando está por comenzar el debate.
La iniciativa también establece como obligatoria la presencia física del imputado en la audiencia preliminar y dispone que la víctima sea convocada a esa diligencia para reforzar sus derechos. Además, modifica las competencias de los tribunales unipersonales y colegiados.
El proyecto faculta a los tribunales unipersonales para conocer y resolver juicios por delitos que tengan asignadas penas de hasta 10 años de prisión. Actualmente, los casos con penas dentro de ese rango requieren la integración de un tribunal colegiado compuesto por tres jueces.
Al permitir que un solo juez dicte sentencia en procesos por delitos cuya pena máxima sea de 10 años de prisión, los tribunales colegiados podrían dividir sus funciones. Esto abriría la posibilidad de realizar hasta tres juicios simultáneos con el mismo personal, en lugar de atender uno solo.
Desde mediados de año, Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, advirtió que la propuesta permitiría reducir el rezago de los casos en un 30 % y optimizar la capacidad de los juzgados y tribunales penales.
Actualmente, un 12 % de los casos señalados para juicio termina con imputados declarados "rebeldes" por no presentarse al debate, lo que impide celebrar el juicio.
Otro 9% de los procesos se cancela por enfermedad o incapacidad del defensor; un 17 % concluye con medidas alternas durante el juicio y un 10% se resuelve mediante procedimientos abreviados en esa misma etapa. Según Solano, si el imputado estuviera obligado a asistir a la audiencia preliminar, gran parte de esos obstáculos desaparecería.
Las medidas alternas —que actualmente representan un 30 % de los casos que llegan a juicio, excluidos aquellos en los que los imputados son declarados "rebeldes"— podrían aplicarse durante la audiencia preliminar, que es precisamente la etapa diseñada para ello.
Esto permitiría optimizar en un 30% las agendas de los tribunales de juicio, ya que esa fase está concebida para realizar debates y no para aplicar salidas alternas.
Además, se evitaría desaprovechar espacios en las agendas judiciales cuando los casos se resuelven mediante medidas alternas al inicio del debate, pues esa situación impide programar otros procesos para esos días.
Solo en lo que va de 2026, los juzgados y tribunales han recibido más de 48.000 causas nuevas, equivalentes al 20 % de todos los expedientes judiciales.