Presidenta de la Corte confía en evitar recortes, pero advierte que señalarán a responsables
La nueva presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, confía en que las acciones legales interpuestas por la Corte Plena permitirán frenar los recortes al presupuesto del próximo año, pero advirtió que, si algunos servicios se ven afectados, la institución señalará con claridad a los responsables.
Según Vargas, el pleno de magistrados ya trazó una ruta al presentar una consulta de constitucionalidad sobre el plan de gastos para 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Mediante ese mecanismo, la institución defenderá los recursos que necesita para mantener sus operaciones.
La magistrada advirtió que, si no se revierten los recortes por cerca de ₡10.000 millones y el condicionamiento de otros ₡30.000 millones, el impacto sería devastador para la institución y los servicios de justicia. Sin embargo, el panorama actual obliga al Poder Judicial a prepararse para ese escenario y, por ello, ya trabaja en un plan de contingencia.
"Esto nos llevaría a nosotros a decidir qué vamos a sacrificar. En algún momento hice esta explicación y alguien decía: ‘Ve cómo sí se puede recortar.' Cuando hablan de plan B no es porque se pueda recortar; esa es una mala lectura. El servicio se va a seguir dando, sí, pero probablemente haya que cerrar despachos.
Eso significará que los usuarios tengan que trasladarse más distancias para ir a buscar un despacho donde puedan interponer una demanda o una denuncia. ¿Significará esto que el OIJ seguirá funcionando? Sí, pero no podrá hacer tantos operativos como los que hace ahora", advirtió la jueza.
Para la magistrada, resulta inédito que se condicione la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de una institución específica. Señaló que el proyecto de presupuesto nacional incluye disposiciones que afectan al Poder Judicial y podrían impedirle mantener operaciones básicas.
La morgue de Buenos Aires
Uno de los efectos concretos de los recortes sería la suspensión del proyecto para construir una morgue judicial en la zona sur, una obra que el Poder Judicial tenía bastante avanzada. Los trabajos estaban previstos para comenzar el próximo año e incluso se había organizado el acto de colocación de la primera piedra que se debió suspender dada la incertidumbre financiera.
"No vamos a ir a Buenos Aires a poner una primera piedra si el dinero de ese edificio no va a llegar. Esto sería una falta de seriedad y el Poder Judicial es muy serio en lo que hace. Si este proyecto no avanza, la comunidad se queda sin una morgue y tendrá que seguir viajando las distancias que viaja para recuperar los cuerpos de sus seres queridos", señaló.
Vargas también advirtió que las restricciones presupuestarias podrían impedir la continuidad de aproximadamente 2.500 plazas, lo que tendría consecuencias tanto para la institución como para las familias de los funcionarios afectados.
Entre los puestos comprometidos figuran unos 800 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y más de 700 de jueces. Además, se verían afectados servicios y recursos esenciales, como las licencias de correo electrónico y la protección de los oficiales mediante chalecos antibalas y municiones.
"El plan B es uno muy doloroso que nos lleva a priorizar qué servicios vamos a prestar, qué no vamos a prestar y, con la debida anticipación, informarle a la ciudadanía cuáles van a ser las afectaciones que van a sufrir y por qué. Porque eso también es muy importante, que cada palo aguante su vela", añadió.
Vargas aseguró que buscará un equilibrio entre mantener una defensa firme de los recursos del Poder Judicial y establecer las responsabilidades correspondientes. También destacó la importancia de mantener el respeto y buscar espacios de diálogo para alcanzar acuerdos.
"Nosotros en eso somos rigurosos y seguiremos siéndolo. Igual buscaremos espacios de diálogo que podrán seguir siempre y cuando sean con respeto en las formas, en lo personal, porque los comentarios ofensivos que polarizan no ayudan a un diálogo de altura.
La ciudadanía no quiere escuchar más polémica, que si él dijo y que si ella dijo. Lo que quiere la ciudadanía es altura en las discusiones, que las instituciones aparquen las diferencias y se sienten a concretar y a buscar acuerdos en lo que se puede buscar acuerdos", explicó la magistrada.
Vargas considera que el Poder Judicial es una de las instituciones que enfrenta mayores dificultades presupuestarias y, por ello, debe actuar con especial prudencia en sus compromisos y declaraciones. Recordó que la institución cumple una función de árbitro imparcial y necesita independencia absoluta para garantizar que sus resoluciones se fundamenten únicamente en la Constitución y las leyes.
El proyecto de presupuesto nacional pretende condicionar el uso de ₡29.843,8 millones, equivalentes aproximadamente al 5,6% del presupuesto total del Poder Judicial, al cumplimiento de diversos requisitos administrativos y políticos.
Para liberar esos recursos, la institución tendría que presentar estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, obtener certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR), conseguir la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y recibir el aval del plenario legislativo. Finalmente, tendría que esperar la orden de desbloqueo del Ministerio de Hacienda.
El procedimiento propuesto no establece plazos específicos para habilitar los recursos, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad del dinero durante 2027.
Entre las posibles consecuencias también figura la suspensión de la renovación del parque automotor institucional, una medida que afectaría principalmente al OIJ, que concentra el 51 % de la flota.
Además, se prevén restricciones importantes para sustituir plazas vacantes por jubilaciones o renuncias, además de limitaciones para contratar personal estratégico, como custodios y funcionarios de los despachos penales.