Presentan recurso contra Fernández por “ocultamiento” de información en pruebas de polígrafo
El activista Janekeith Durán presentó un recurso de amparo contra la presidenta, Laura Fernández, al considerar que brindó una respuesta omisa e incompleta a una solicitud de información relacionada con pruebas de polígrafo aplicadas a funcionarios.
Según Durán, el 9 de junio remitió varias consultas al despacho de Fernández para conocer detalles sobre el proceso, entre ellos si las pruebas se realizaron con equipos del Estado, si participaron funcionarios públicos, dónde se efectuaron y bajo qué condiciones.
También solicitó información sobre el convenio, contrato o documento oficial suscrito con la empresa, la documentación de la contratación pública, el monto pagado por el Estado, el informe de resultados, así como las preguntas formuladas y respuestas obtenidas durante las evaluaciones. Pidió que, en caso de negarse a entregar los datos, se le remitiera el decreto ejecutivo que declaraba dicha información como secreto de Estado.
El 22 de junio recibió una respuesta oficial en la que únicamente se informó el nombre de la empresa encargada de realizar las pruebas, mientras que el resto de la información fue clasificada como confidencial o, en algunos casos, no obtuvo respuesta.
En el amparo, Durán también solicitó medidas cautelares para impedir que alteren, modifique o elimine documentos relacionados con el caso, así como que se abstenga de reclasificar posteriormente la información como secreta o confidencial.
Sobre las pruebas de polígrafo
Fernández confirmó el pasado 22 de junio que siete directores policiales fueron removidos de sus cargos tras no aprobar pruebas de polígrafo aplicadas a 33 integrantes del grupo denominado Fuerza Élite.
Las evaluaciones fueron realizadas por la empresa IPSC, bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Durante las pruebas, los funcionarios respondieron preguntas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y una eventual recepción de beneficios ilícitos en el ejercicio de sus funciones. Fernández aseguró que no divulgaría los resultados ni revelaría la identidad de los funcionarios removidos.
