Ciudadano pide cuentas a Laura Fernández por resultados de pruebas de polígrafo
Un ciudadano llamado Janekeith Durán solicitó a la presidenta Laura Fernández explicaciones sobre la aplicación de pruebas de polígrafo a altos funcionarios de los poderes del Estado.
Durán presentó una serie de peticiones, entre ellas conocer si las pruebas se realizaron con un polígrafo perteneciente al Estado, si fueron practicadas por funcionarios públicos y si se efectuaron en instalaciones de instituciones estatales.
Si las pruebas no se realizaron con recursos, personal o instalaciones del Estado, solicitó el convenio, contrato, acuerdo o documento oficial suscrito con las personas físicas o jurídicas seleccionadas para llevar a cabo dicha labor.
Asimismo, requirió la documentación correspondiente a la contratación, el monto desembolsado por el Estado para la realización de estas pruebas —incluyendo el rubro presupuestario y la institución de origen— o, en su defecto, la documentación que certifique una eventual donación al Estado.
Además, solicitó el informe de los exámenes, incluidas las preguntas formuladas y las respuestas brindadas por los jerarcas que ya fueron sometidos a la prueba: el ministro de Justicia Gabriel Aguilar, el ministro de Comunicación Arnold Zamora y Pablo Martínez, director de Inteligencia y Seguridad (DIS).
En caso de que alguna sección de la solicitud no pueda ser compartida, pidió que se le suministre el decreto ejecutivo que la declaró secreto de Estado con anterioridad al 9 de junio de 2026.
Pese a que se anunció que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, sería uno de los primeros en someterse a la prueba, en la última reunión denominada "Fuerza Élite" participó en su lugar el viceministro Nelson Barquero.
Tras la reunión con jefes policiales celebrada el pasado lunes, Fernández confirmó que Aguilar, Zamora y Martínez fueron los primeros en "pasar la prueba" y que las preguntas estuvieron orientadas a riesgos sensibles para la función pública, tales como vínculos con el narcotráfico, vínculos con el crimen organizado, filtración de información sensible, corrupción y actos de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no se detalló el contenido específico de las interrogantes.
La evaluación fue realizada por IPSC Costa Rica, que, según la mandataria, es una empresa privada con más de 17 años de trayectoria en este tipo de pruebas.
