PPSO retrasa reforma a reglamento contra violencia política en el Congreso
Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del PPSO, junto a Nogui Acosta, jefe de fracción. CRH
Los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) retrasan la reforma al reglamento contra la violencia política hacia las mujeres en el Congreso con la presentación de documentación que contiene "extensas observaciones".
Así se determinó este jueves durante la reunión de jefaturas de fracción y el directorio legislativo.
Se trata de una reforma al reglamento actual construida por las asesorías parlamentarias y con la que ya estaban de acuerdo tanto la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, como las jefaturas de fracción de la oposición.
La propuesta busca homologar el procedimiento para tramitar las denuncias por violencia política contra diputados y definir qué conductas constituyen violencia política y cuáles no.
Denuncia paralizadas
Actualmente, se mantienen sin trámite tres denuncias por presunta violencia política contra diputados: una contra José Miguel Villalobos, del PPSO; otra contra Ariel Mora Fallas, también del PPSO; y una tercera contra la legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.
Yara Jiménez pide poner plazo
Según confirmó Jiménez, el borrador de la reforma ya estaba listo este jueves. Sin embargo, Nogui Acosta, jefe de bancada del PPSO, confirmó que a las 6:00 a. m. de hoy ingresó un pliego o documento con numerosas observaciones.
Durante la reunión, la presidenta legislativa afirmó que el Congreso no cuenta con un reglamento contra la violencia política, pese a que las asesorías y las diputaciones trabajaron para consensuar una reforma.
Actualmente, sí existen un Reglamento violencia política contra las mujeres en la Asamblea Legislativa a partir de un acuerdo legislativo de 2023.
Jiménez sostuvo que el tema es urgente y que debe resolverse con prontitud. "Hay que poner fecha y se pudiera firmar hoy mismo", manifestó.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, dijo estar satisfecho con la propuesta y señaló que esperan avanzar. La diputada del PUSC, Abril Gordienko, respaldó esa posición.
Por su parte, José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), afirmó que también está de acuerdo con la reforma y que esta debe llevarse pronto al Plenario Legislativo.
Acosta defiende observaciones
Sin embargo, Acosta señaló que algunos diputados del PPSO presentaron observaciones "muy extensas" y manifestó que espera tener una resolución sobre el tema la próxima semana.
Ante esa posición, Yara Jiménez dijo que quería revisar las observaciones y que no deseaba que los diputados de su propia fracción fueran quienes atrasaran aún más el proceso.
"Ya a esto hay que ponerle plazo, yo no voy a esperarme una semana más", afirmó la presidenta legislativa.
Acosta le respondió que probablemente presentarán algunas mociones al texto. Sumó que ellos son 31 diputados con diversidad de criterios y la posibilidad de mocionar a propuesta.
Plazos incumplidos en el caso Villalobos
El Directorio Legislativo conoció la denuncia contra José Miguel Villalobos el 19 de agosto. En esa sesión, Jiménez se inhibió y la vicepresidenta del Congreso, Esmeralda Britton, asumió el caso. Jiménez no explicó el motivo de su inhibición.
La moción debía ocupar el primer lugar de la agenda legislativa a más tardar el 24 de agosto, mientras que la comisión investigadora tenía que conformarse antes del 27 de ese mes, conforme al reglamento actual. Ninguno de los dos pasos se concretó.
El 24 de setiembre, el Congreso entregó a los diputados presentes en el Plenario Legislativo un sobre sellado con una copia de la denuncia contra Villalobos. Sin embargo, la sesión concluyó sin que se conformara la comisión investigadora.
La diputada del FA denunció a Villalobos por presuntos comentarios sexistas y misóginos en su contra.
En el caso de Mora, la denuncia por presunta violencia política fue presentada por la liberacionista Norjelens Lobo. Según el señalamiento, el diputado le silbó mientras ella pronunciaba un discurso en Puntarenas.
Por su parte, Esquivel denunció a Dobles por presunta violencia política después de que la legisladora de la CAC le pidió que pagara los sobresueldos que recibió cuando presidió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).