PPSO propone que ICE evada a la Contraloría contrate directamente
La diputada de Pueblo Soberano (PPSO) Kattia Calvo, junto con otros diez legisladores oficialistas, presentaron un proyecto de ley que permitiría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contratar directamente a empresas mediante alianzas estratégicas, sin someterse al control previo de la Contraloría General de la República (CGR).
La iniciativa propone modificar la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y la Ley General de Contratación Pública.
Uno de los principales cambios establece que la Contraloría ejercería un control posterior sobre las contrataciones del ICE, en lugar de intervenir previamente.
La Contraloría ya frenó este tipo de contrataciones directas en el pasado.
En julio, la CGR ordenó al ICE suspender el uso de contratos directos de empresas privadas a instituciones públicas, al advertir sobre la necesidad de garantizar la transparencia y el adecuado uso de los recursos estatales.
Más excepciones para contratar directamente
La propuesta amplía las situaciones en las que el ICE podría apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación.
Entre ellas se incluyen:
- Oferente único.
- Bienes, obras o servicios complejos o especializados con un máximo de cinco proveedores.
- Servicios artísticos o intelectuales.
- Contratación directa de medios de comunicación.
- Software, bases de datos y material bibliográfico especializado.
- Servicios de abogacía para gestiones urgentes.
- Reparaciones cuyo alcance solo pueda determinarse después de desarmar equipos.
- Situaciones imprevisibles que amenacen la continuidad de los servicios.
- Contrataciones por razones de seguridad, urgencia u oportunidad.
- Productos compatibles o normalizados.
- Fideicomisos.
- Contrataciones con un máximo de cinco potenciales oferentes identificables.
- Contrataciones entre sujetos de derecho público.
- Arrendamiento de maquinaria y equipo para proyectos de infraestructura y energía.
La aplicación de estas excepciones quedaría bajo responsabilidad del ICE y la fiscalización de la Contraloría sería posterior y facultativa, sin requerir una autorización previa.
Contraloría tendría plazos para responder
El proyecto establece que la Contraloría deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles las consultas que formule el ICE en materia de contratación administrativa.
También podría autorizar contrataciones directas o procedimientos sustitutivos en casos no contemplados expresamente por la ley.
Si la CGR no responde dentro de ese plazo, operaría el silencio positivo, por lo que la solicitud se consideraría aprobada.
Contrataciones entre instituciones públicas
La iniciativa también modifica la Ley General de Contratación Pública para excluir de los procedimientos ordinarios las contrataciones entre entes de derecho público cuando el objeto esté dentro de las competencias legales de la institución contratada.
El ente público contratado deberá demostrar su idoneidad y ejecutar al menos el 50% de la prestación contratada.
Oficialismo impulsa reducción de controles
La propuesta se suma a otras iniciativas impulsadas por el oficialismo para reducir los controles previos de la Contraloría.
La presidenta Laura Fernández presentó proyectos para reformar las funciones del órgano contralor y trasladar parte de su fiscalización a una etapa posterior, con el argumento de agilizar proyectos de infraestructura y la atención de situaciones de emergencia.
Además, la diputada oficialista Mayuli Ortega presentó otra iniciativa para limitar los controles previos de la CGR y establecer que su fiscalización sobre contratos y obras sea principalmente posterior.
A la presentación del texto acudió el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña.
Ahora, el texto deberá ingresar a una comisión legislativa para iniciar con su trámite.