Poder Judicial no asistirá a reunión con Laura Fernández
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, comunicó este jueves que el Poder Judicial no asistirá a la reunión propuesta por Laura Fernández para reanudar los encuentros entre los miembros de los Supremos Poderes.
Por medio de una carta enviada a la presidenta de la República, Aguirre señaló que no acudirá a este encuentro debido a las condiciones impuestas por la mandataria para llevar a cabo esta reunión.
Aguirre apuntó que un encuentro entre Poderes de la República no debe prestarse para invadir la independencia de Poderes y esto podría ocurrir cuando las condiciones son que un poder le establezca metas y tiempos límites a otro.
Agregó que los encuentros entre supremos poderes deben respetar los procedimientos y competencias establecidos en la Constitución Política para cada uno y que el Gobierno del Poder Judicial recae en la Corte Suprema de Justicia.
"Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento", parte de los argumentos que detalló el presidente de la Corte en la carta enviada a Fernández.
Esta es la carta íntegra enviada por Aguirre a la presidenta:
REPÚBLICA DE COSTA RICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRESIDENCIA
San José, 20 de agosto de 2026
326-P-2026
Señora
Laura Fernández Delgado
Presidente
República de Costa Rica
Estimada señora Presidente,
Reciba un atento saludo. Acuso recibo de su oficio PR-P-OF-093-2026, del 14 de agosto, mediante el cual comunica los temas propuestos para la sesión del viernes 21 de agosto e invita a plantear asuntos adicionales.
Cuando usted anunció la reactivación de las reuniones entre los Presidentes de los Supremos Poderes, el Poder Judicial recibió favorablemente la iniciativa. Desde el inicio, incluso antes de conocer los términos de esta convocatoria, señalamos los criterios necesarios para los procesos de diálogo: cumplimiento de las obligaciones sobre el financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y pleno reconocimiento de las competencias de cada Poder.
Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella.
Un espacio entre Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos. Sin embargo, un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento.
Esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución establece para la adopción de decisiones en cada Poder. En el caso del Poder Judicial, su gobierno corresponde a la Corte Plena, órgano al que la ley confía la definición de las políticas generales de la institución.
No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley.
La decisión respecto de la reunión del 21 de agosto no altera la colaboración técnica y operativa en materia de seguridad. La coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial y los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, así como entre el Ministerio Público y las autoridades competentes, continuará con normalidad en la investigación criminal, los operativos y la persecución de estructuras delictivas.
El Poder Judicial hace su parte desde el ámbito que le corresponde. En 2026, el Organismo de Investigación Judicial reporta 21 organizaciones criminales desarticuladas; entre enero y junio ejecutó 1.861 allanamientos; y, al 31 de julio, había decomisado más de 10.600 kilogramos de droga, incluidos 9.080 kilogramos de cocaína, cantidad que supera ampliamente la registrada para esa sustancia durante todo 2025. Ese esfuerzo forma parte del trabajo diario de investigadores, fiscales, jueces y demás personas servidoras judiciales al servicio de la seguridad de Costa Rica.
Enfrentar la criminalidad actual exige también modernizar profundamente nuestra legislación procesal penal. El Poder Judicial trabaja ya en una reforma integral del proceso penal, cuyo resultado se prevé poner a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027.
Mientras ese trabajo avanza, desde 2025 se encuentra planteado ante las y los diputados el expediente N.° 24.913, una reforma puntual capaz de producir mejoras inmediatas.
Su aprobación permitiría aumentar en un 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales y generaría un ahorro estimado de ₡122,3 millones mediante un uso más eficiente del recurso judicial.
El Poder Judicial mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, sobre la base de la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución.
Confiamos en que sea posible construir un espacio con esas características. Esta Presidencia valorará cualquier futura convocatoria con esa disposición y atendiendo las condiciones concretas en que se plantee.
Atentamente,
Orlando Aguirre Gómez
Presidente
Corte Suprema de Justicia