Funcionario del BN, notario y “pitufeos” fueron claves para que “Pioja” lavara dinero
Las libretas de Pioja
La Fiscalía sostiene que un funcionario del Banco Nacional y un notario fueron piezas clave para que la banda de Luis Ricardo Rodríguez Chaves, alias Pioja, lograra introducir en el sistema financiero nacional dinero obtenido del negocio de las drogas y, de esa forma, lavar sus ganancias.
El funcionario bancario es Didier Quesada, quien ahora enfrenta un juicio por narcotráfico y legitimación de capitales. Según la investigación, se valía de su trabajo para colaborar con la organización criminal que dominaba la venta de drogas en María Reina de Hatillo y otras zonas de San José.
Según el Ministerio Público, Quesada colaboraba mediante el cambio de billetes viejos y de baja denominación por billetes nuevos de denominaciones más altas, con el fin de ocultar que el dinero había sido obtenido mediante el narcomenudeo.
Además, brindaba asesoría financiera. Les recomendaba a los líderes de la organización cómo introducir el dinero acumulado en el sistema financiero formal sin ser detectados por las autoridades.
Uno de los hechos quedó registrado por las autoridades el 25 de octubre de 2021, cuando se ejecutó una transacción por ₡6 millones. El funcionario bancario habría acordado con Pioja, Ernesto Aragón y Tiffany Rodríguez, hija de Pioja, introducir el dinero en los registros del banco.
Aragón trasladó el dinero en un taxi hasta las inmediaciones de la sucursal del Banco Nacional en Paseo Colón, en San José, donde se lo entregó a Quesada. Aprovechando su puesto, Quesada ingresó a la sucursal, cambió los ₡6 millones por billetes de ₡10.000 y ₡20.000 y regresó al taxi para devolvérselos a Aragón.
En septiembre de 2020, Quesada adquirió, a título personal, un vehículo tipo pick-up, marca Isuzu, estilo D-Max, por ₡6 millones. Además, en mayo de 2022 compró una finca ubicada en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, por $68.880, para lo cual constituyó una hipoteca por ₡31.390.000 con el Banco Nacional.
Quesada fue capturado precisamente en las oficinas centrales del banco. Además de legitimación de capitales, se le atribuye un delito de asociación ilícita.
Notario involucrado
El expediente judicial también revela la presunta participación de un abogado y notario llamado Danilo Villegas. Incorporado al Colegio de Abogados en 2016, se presume que su función dentro del grupo era confeccionar actos notariales falsos y fraudulentos.
Estos documentos eran utilizados para traspasar bienes de valor económico pertenecientes a la organización a nombre de terceros que fungían como testaferros. Para ello, presuntamente insertaban declaraciones e información falsa en las escrituras con el propósito de ocultar y encubrir el origen ilícito de los bienes adquiridos.
Existen dos maniobras fraudulentas citadas en el expediente judicial. En enero de 2022, Villegas, previo acuerdo con Mayid Cano y Wendy Avellán, al parecer insertó información falsa en una escritura de su protocolo, en la que consignó que la madre de uno de los involucrados compareció ante él para vender un vehículo Nissan Murano a Avellán Flores por ₡10 millones.
Sin embargo, esta información habría sido falsa, ya que, para la fecha real del otorgamiento de la escritura, la mujer ya había fallecido. El 28 de enero de 2022, Villegas Quirós presentó personalmente el testimonio de esta presunta escritura falsa ante el Registro Nacional.
El registrador, creyendo que el documento era verdadero, inscribió el vehículo a nombre de Avellán, lo que habría causado un perjuicio patrimonial a la sucesión de la fallecida.
En el mismo periodo, Villegas habría insertado información falsa en otra escritura, en la que consignó que el 23 de enero de 2022 la misma mujer, ya fallecida, compareció ante él para vender un vehículo Toyota Echo a Carmen Roque por ₡9.100.000 a una mujer llamada Raquel Castro.
Al igual que en el caso anterior, la fecha era falsa porque la supuesta vendedora ya había muerto. El 28 de enero de 2022 presentó el testimonio para su inscripción en el Registro Nacional.
Por ese motivo, fue imputado por los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso, además de asociación ilícita y estafa mayor.
Pitufeo y envíos internacionales
La Fiscalía considera que esta estructura también recurrió a métodos de pitufeo, mediante pequeños depósitos, y a envíos internacionales de dinero para dispersar los fondos y dificultar el rastreo de su origen.
Stephen Cascante, alias Jovi, realizó múltiples envíos de dinero en dólares hacia Colombia entre agosto y septiembre de 2020, a través de agencias de Western Union ubicadas en Plaza América, Bambú, La Merced y Tibás. Para ello, utilizó los nombres de diversos beneficiarios con el fin de dispersar los fondos.
A una mujer llamada Mileinis Medina le envió casi $1.000 en cuestión de dos semanas, durante agosto de 2022. A otras personas les remitió $600 adicionales.
Miembros como Álvaro González realizaban constantes depósitos de sumas menores, mediante tractos de ₡460.000, ₡430.000 y ₡360.000, en cuentas del Grupo Mutual a nombre de Jorge Ricardo Ureña Quesada, alias Zete, con el aparente objetivo de evitar levantar sospechas.
Zete, a su vez, utilizaba la compra, venta y empeño de joyas de alto valor para canalizar el dinero. Asimismo, según la acusación, los administradores compraban miles de dólares en efectivo en el sistema bancario para convertir los colones obtenidos en las calles en divisas más fáciles de transportar.