Gobierno propone quitar a Sutel la administración de Fonatel
El gobierno propuso trasladar la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
Actualmente, Fonatel es administrado por Sutel, mientras que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) mantiene la rectoría del sector.
El proyecto propone separar esas funciones: el Micitt seguiría definiendo la política pública, Sutel conservaría su papel como regulador del mercado y la Promotora pasaría a encargarse de administrar los recursos, contratar proyectos, evaluar sus resultados y rendir cuentas.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para cambiar el modelo es el nivel de recursos de Fonatel que permanecen sin utilizar.
Según el informe que acompaña el proyecto, a diciembre de 2025 el fondo acumulaba ¢114.238 millones en patrimonio ocioso.
El documento también cita informes de la Contraloría General de la República que han señalado problemas en el cumplimiento de las metas de los planes nacionales de telecomunicaciones.
El Gobierno sostiene que esas dificultades han provocado atrasos en proyectos destinados a llevar conectividad a comunidades vulnerables, territorios indígenas, centros educativos y hogares de bajos ingresos.
Torre de telecomunicaciones en territorio indígena
El proyecto señala, además, que existen comunidades que aparecían como atendidas en los registros oficiales, pero que posteriormente reportaron problemas o ausencia del servicio.
Entre los sitios mencionados están Puerto Jiménez, Lepanto, Isla Venado, Isla Chira, Manzanillo, Costa de Pájaros, San Carlos y Abangares, entre otros.
Promotora tendría control sobre los proyectos
Con el cambio, la Promotora asumiría directamente la definición, contratación y seguimiento de los proyectos financiados con Fonatel.
La iniciativa también le permitiría utilizar fideicomisos con bancos del Sistema Bancario Nacional para ejecutar los recursos.
El argumento del Ejecutivo es que Sutel debe concentrarse en su función regulatoria, mientras que la Promotora tendría mayor flexibilidad para impulsar proyectos de innovación y conectividad.
La junta directiva de la Promotora, integrada por nueve miembros de distintos sectores, también asumiría responsabilidades que actualmente recaen en el Consejo de Sutel.
Habrá sanciones por incumplir metas
El proyecto incorpora un régimen de responsabilidad para quienes estén a cargo de los proyectos.
Los funcionarios que incurran en un incumplimiento grave de las metas podrían ser suspendidos entre tres y ocho días sin salario.
Si reinciden, la suspensión podría aumentar de ocho días hasta un mes.
Además, cada proyecto tendría que contar con una evaluación de impacto definida y aprobada antes de comenzar.
La Promotora también tendría que entregar información desagregada sobre los beneficiarios según género, edad, discapacidad y pertenencia étnica.
Recursos tendrían reglas fiscales distintas
Otro de los cambios relevantes está en las reglas para utilizar el dinero de Fonatel.
El proyecto plantea que los recursos destinados a estos proyectos no estén sujetos a determinadas disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley de Administración Financiera.
La intención es reducir controles que, según el Gobierno, han contribuido a retrasar la ejecución de los proyectos.
Los gastos administrativos de la Promotora para manejar Fonatel, además, no podrían superar el 1% de los recursos del fondo.
La contribución especial parafiscal que financia Fonatel —actualmente entre 1,5% y 3%— seguiría siendo definida anualmente por el Micitt.