PLN califica de “peligrosa” inspección laboral privada y pide a ministra explicar “propósito escondido”
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, calificó como una "idea peligrosa" el borrador de proyecto de ley impulsado durante la administración de Rodrigo Chaves que proponía incorporar asesores privados acreditados para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.
El legislador afirmó que la prioridad debe ser fortalecer la Inspección de Trabajo y no trasladar parte de esas funciones a particulares.
"Convertir la inspección laboral en un negocio privado es una idea peligrosa. Lo que conviene más bien es fortalecer la inspección para una adecuada tutela de los derechos de las personas trabajadoras", manifestó.
Ramos añadió que le satisface que el Consejo Superior de Trabajo rechazara la iniciativa, la cual nunca llegó a convertirse en un proyecto de ley.
No obstante, aseguró que existe otro aspecto del caso que merece una explicación pública por parte de la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano.
El diputado hizo referencia a las declaraciones de la jerarca durante una sesión del Consejo Superior de Trabajo, en la que afirmó que el borrador debía quedar "en la basura donde debe estar" porque, a su juicio, respondía a un "propósito escondido".
Según Ramos, esa afirmación no puede quedar sin aclaración.
"Queda también en el aire una afirmación muy preocupante que hace la ministra de Economía, cuando sostiene que detrás del proyecto lo que hay es un propósito escondido. Esa frase no debería tomarse a la ligera", señaló.
El congresista indicó que la ministra debería explicar a qué se refería con esa expresión y quiénes podrían resultar beneficiados.
"Conviene entender a qué se refiere ella con ese propósito escondido, en qué consiste el propósito y quiénes podrían ser beneficiarios de una idea que nace en la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles", agregó.
Para el jefe de fracción liberacionista, es necesario determinar si existían intereses particulares detrás de la propuesta.
"Sería importante que se aclare a qué se refiere esto del propósito escondido y quiénes podrían estar detrás de esta iniciativa que, en esencia, lo que hace es la privatización de un servicio esencial del Estado costarricense", afirmó.
El borrador, revelado por CR Hoy, planteaba crear la figura de asesores privados acreditados por el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral en empresas e instituciones. La propuesta también establecía un sistema de certificaciones laborales, un nuevo régimen de sanciones con multas de hasta 50 salarios base —equivalentes actualmente a ₡23,1 millones— y nuevas facultades para la Inspección de Trabajo.
Durante la discusión en el Consejo Superior de Trabajo, el representante de los trabajadores, Olman Chinchilla, aseguró que la iniciativa abría espacio para la tercerización de funciones públicas y cuestionó que detrás del esquema pudiera existir un negocio para particulares.
Por su parte, Jorge Luis Araya, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), expresó reservas sobre el funcionamiento del modelo, quién asumiría el costo de las certificaciones y si quienes pagaran esos servicios podrían obtener algún trato preferencial.
CR Hoy intentó durante toda la semana obtener la posición de la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados a través de WhatsApp. Además, solicitó a la oficina de prensa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) coordinar una entrevista; sin embargo, al cierre de esta publicación no había recibido respuesta.
