Plenario deberá decidir sobre plan de alfabetización digital
Propuesta generó dudas entre sectores
Archivo CRH
(CRHoy.com) El Plenario Legislativo será el que tenga la última palabra acerca del futuro del proyecto de Ley del Programa Nacional de Alfabetización Digital, una propuesta que ha generado cuestionamientos en los últimos meses entre distintos sectores políticos y empresariales.
La Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminó afirmativamente este expediente legislativo, con lo que ahora su discusión pasará a manos de los diputados en el Plenario. La propuesta es de la diputada liberacionista, Yorleni León Marchena.
Este plan propone que el Estado utilice los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para dotar a estudiantes en pobreza de conexiones a Internet y de equipos de cómputo. El proyecto de ley busca disminuir la brecha digital y así permitir que las poblaciones beneficiarias tengan una apropiada inclusión en la economía de la información y la comunicación, redundando así en mayores niveles de empleabilidad.
Sin embargo, varias bancadas, cámaras empresariales, y la Contraloría General de la República han cuestionado la propuesta.
El ente contralor, por ejemplo, señaló hacia finales de 2021 que el sistema legal vigente permite que las metas y objetivos propuestos en el Plan Nacional de Alfabetización Digital (PNAD) puedan ser incluidos en este momento en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), esto a partir de su priorización en la política pública, sin necesidad de cambiar el actual ordenamiento jurídico, por lo que la reforma planteada en el proyecto es innecesaria para ejecutar los recursos de Fonatel.
En ese mismo sentido, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología de Costa Rica (Infocom) agregó que la propuesta, que defiende el gobierno de Carlos Alvarado, conlleva riesgos, como el aumento en la burocracia y mayores costos operativos para el Estado. Además, la Cámara subrayó que, de aprobarse, la propuesta crearía una distorsión en las competencias de la Rectoría de las telecomunicaciones y los problemas que traería el traslado de competencias altamente técnicas a entidades públicas sin el conocimiento adecuado, como el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Entre tanto, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) afirmó que la iniciativa pondría en riesgo la continuidad de dichos programas y mencionó que la Ley General de Telecomunicaciones ya establece mecanismos, que se activan mediante políticas públicas, para que el Estado impulse un proyecto de alfabetización digital financiado con recursos de Fonatel.
La diputada León Marchena, proponente del proyecto, defendió la propuesta alegando que el Estado de la Nación indicó que un 67% de estudiantes de la Región Central tenía conexión a Internet desde el hogar; un 29% solo tenía acceso a través del celular y un 3% no tenía ninguna conexión, situación que contrasta con quienes estudian en regiones como la Huetar Caribe, Huetar Norte o la Brunca, pues la conexión desde el hogar rondaba apenas el 40%; la mitad se conectaba solo por celular y cerca de un 10% no tenía ninguna conexión a internet.