Piza se lava las manos y delega al Congreso la regulación de Uber

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Pese a que en campaña electoral el presidente de la República Carlos Alvarado y su equipo ofrecieron la regulación de la plataforma Uber, ahora el Gobierno quiere delegar el tema solo en la Asamblea Legislativa y no dan claridad sobre el futuro de la aplicación.

Así lo reafirmó el ministro de la presidencia Rodolfo Piza, quien sostiene que al Poder Ejecutivo solo le compete hacer cumplir la ley actual y que la regulación de la aplicación es un tema que debe resolver la Asamblea Legislativa.

Los costarricenses lidiaron en los últimos días con bloqueos organizados por los taxistas legales y porteadores contra Uber e impidieron el paso tanto para el transporte público, carros particulares y emergencias. Durante 2 días varias zonas de San José fueron todo un caos.

La manifestación terminó este miércoles en la noche con el ofrecimiento del Gobierno de que en 45 días le tendría una respuesta a los taxistas sobre el futuro de Uber, comprometiéndose a intensificar los operativos contra los conductores que trabajan para la plataforma y tocando el tema de la regulación.

Aunque este último punto pareciera ser la respuesta al fin del conflicto (los taxistas reclaman una clara competencia desleal, debido a que Uber no paga impuestos, seguro social, ni otros aspectos que encarecen el funcionamiento de los taxis) como se ha hecho en otros países, el ministro de la Presidencia afirma que desde el Poder Ejecutivo no tienen ninguna propuesta al respecto.

"El tema de regular esas plataformas corresponde a la Asamblea Legislativa. El Gobierno puede cooperar, pero es algo que le concierne solo al Congreso (…) El Gobierno de lo que tiene intenciones es de hacer cumplir la ley, tal y como está vigente", dijo Piza.

El martes pasado, el viceministro de Obras Públicas Juan Alfaro recalcaba el interés del Gobierno de regular la plataforma a la vez que anunciaba la creación de las mesas de diálogo con los sectores. Tras la reunión con los taxistas y el cese de las protestas, Piza afirma que la prioridad del Ejecutivo es que se cumpla la ley:

"El Ministro del MOPT dirige las negociaciones para encontrar como garantizar los derechos de la ciudadanía y por el otro lado también las preocupaciones y los derechos de los taxistas. El marco legal establece unas reglas y los tribunales han establecido resoluciones sobre las reglas del transporte regulado de personas".

• Bajo esa premisa Uber no podría operar…

"Bajo esas reglas, hay que hacer cumplir la Ley"

• Pero el Gobierno ¿Plantea una propuesta de ley o un decreto para regularlo? ¿Ya lo han conversado?

"No. En este caso el margen del decreto no alcanza, porque hay regulaciones en el ámbito judicial. Lo que corresponde es que los legisladores formulen una propuesta y el Gobierno puede acompañar esa propuesta, pero es una tarea legislativa".

• Entonces ¿le están dando la razón a los taxistas?

Ya los tribunales les habían dado la razón sobre el transporte remunerado de personas, ellos tienen otros planteamientos que van más allá del papel del MOPT y en eso se establecerán las conversaciones con los distintos órganos con los que ellos tienen que conversar porque están al margen del poder ejecutivo.

• Los taxistas obstruyeron el libre paso, bloquearon a servicios de emergencia ¿No es esto también ilegal?

"Eso es considerado por el Gobierno. El ministro de Seguridad y el de Transportes estaban muy al tanto al respecto, pero ahí hay una diferencia entre lo que es el derecho a manifestarse, que puede impedir el libre tránsito en una zona pero no bloquear las vías alternas y el derecho al libre tránsito".

• ¿Sienten que fueron firmes con los taxistas?

"Si, dentro del ámbito de la vía democrática. Esto supone alteraciones, supone el derecho a manifestaciones y esto si se hace en una avenida o una calle puede dar incomodidades a los usuarios. Ese límite debe marcarlo el MOPT".

• La huelga de los empleados públicos contra el plan fiscal para el Ejecutivo fue ilegal ¿Es o no es justificada la de los taxistas?

El derecho de manifestación siempre es libre y el Gobierno lo debe respetar.

• Pero la primera fue declarada ilegal…

¡Claro! Lo que pasa es que ahí no hay derecho a suspender trabajos si no se cumplen unas reglas. No es lo mismo que la marcha en sí misma, la marcha es legítima, es parte del derecho de asociación y de expresión en vías públicas, que se traduce en el derecho de manifestación.

Los 10 acuerdos del Gobierno con los taxistas

1. El gobierno reitera su compromiso inequívoco de respetar y garantizar el cumplimiento de la ley que regula el transporte remunerado de personas y de buscar una solución definitiva al problema de transporte modalidad taxi, que permita garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad, eficiente y seguro.
2. El gobierno reafirma que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y los demás jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), son quienes lideran el proceso de negociación para alcanzar una respuesta a la problemática que enfrenta el transporte público modalidad taxi, y en particular, de quienes operan el servicio bajo regulaciones del Estado costarricense. Los ministros de Trabajo, Ciencia y Tecnología, junto con el viceministerio de la Presidencia, acompañarán al ministro Méndez en lo que a ellos compete.
3. El sector taxista se compromete a que las comisiones mixtas de trabajo instaladas por el MOPT, con la participación de todos los actores involucrados en el transporte público remunerado, serán el espacio para trabajar en soluciones integrales a la problemática.
4. El gobierno se compromete a generar un espacio con el superintendente de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro, así como con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), para que atienda las inquietudes del sector taxista.
5. El gobierno programará una reunión con la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el sector taxista para valorar las implicaciones fiscales de la operación de plataformas de servicios de transporte irregular.
6. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) conversarán sobre el alcance de la pauta que ejecutan los servicios irregulares de transporte.
7. El gobierno se compromete a investigar, a través del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) si el decreto que faculta a Uber para operar dentro del régimen de zona franca se está cumpliendo en sus alcances y restricciones. El análisis iniciará a partir de mañana (este jueves) y presentará resultados a más tardar el 3 de agosto de 2018.
8. El gobierno de la República reitera que, en acatamiento a lo que establece la legislación nacional en materia de trasporte público, intensificará a partir de mañana (este jueves) los controles sobre los servicios de transporte que operan fuera de las regulaciones.
9. El gobierno reitera su disposición a seguir dialogando para encontrar acuerdos conjuntos, siempre y cuando no haya medidas de presión como bloqueos, obstrucción o tortuguismo a las vías públicas que afecten a la ciudadanía. En ese sentido, advierte que aplicará todo el peso de la ley para garantizar la seguridad y el libre tránsito de la ciudadanía por todas las rutas del país y que verán suspendidos los acuerdos tomados hoy (miércoles) en caso de que se presenten estas situaciones de bloqueos, obstrucción o tortuguismo.
10. El sector taxista presentará formalmente una petición ante el Consejo de Gobierno solicitando un posicionamiento del Consejo sobre el cese de operación de Uber en el país. El Consejo de Gobierno se compromete a responder en un plazo máximo de 45 días naturales en los cuales las mesas de trabajo continuarán trabajando y buscando acuerdos.