País se acerca a superar temido límite del 60% del PIB de endeudamiento
Obras de infraestructura y salarios de empleados públicos se verían afectados por aplicación de la regla fiscal
(CRHoy.com).- Cuando la deuda de Costa Rica supere el 60% del producto interno bruto (PIB), en algún momento de marzo o abril de este 2020, el Gobierno se verá en la obligación de cumplir con la regla fiscal que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En ese momento, tal y como lo adelantó este diario digital desde noviembre del año pasado, el plan fiscal prevé una fuerte restricción del gasto público para el 2021. Ese recorte implicaría que el Gobierno deba aplicar "medidas extraordinarias" tales como:
A) No ajustar por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida.
B) Obligarse a no suscribir préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital.
C) No realizar incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario.
D) No efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos.
Este lunes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó durante su interpelación por parte del plenario de la Asamblea Legislativa, que Costa Rica se expone a ese escenario.
Medidas alejarían al país de problemático escenario
Sin embargo, ante una consulta de la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, Chaves manifestó que las propuestas que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado les entregó hoy a los diputados podrían reducir el riesgo de que Costa Rica llegue al escenario en el que deberá olvidarse de varias obras de infraestructura y en el que deberá zocar aún más la faja de los empleados públicos.
"Si no hacemos nada, la deuda va a pasar el 60% del PIB este año. Y, para el 2021, va a estar en un 62%, lo que significa una restricción importante en el crecimiento del presupuesto, tanto del gasto corriente como del gasto en infraestructura. Eso sería recesionario y yo no sé si eso es lo que el país quiere hacer", reconoció el ministro de Hacienda.
Chaves afirmó que no está de cambiar el plan fiscal para flexibilizar la regla fiscal, tal y como lo ha propuesto el exdiputado Ottón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC). El ministro dijo que esa sería una mala señal para las calificadoras de riesgo internacionales y para los inversionistas.
Agregó que el país tiene alternativas para no hacer alguna reforma al plan fiscal para aflojar la amarra al gasto que implica la regla fiscal, mecanismo que en su momento defendió el propio gobierno de Alvarado.
"La Ley 9635 (o plan fiscal) se ha aplicado total y absolutamente, no ha habido una sola desviación. Se aplicó en el presupuesto del 2020, se va a aplicar en el presupuesto del 2021 (…). Ahora, aplicar la ley significa que el crecimiento nominal del presupuesto va a ser equivalente al promedio del crecimiento nominal del PIB en los últimos 4 años que no es muy alto. Entonces, en términos nominales va a haber una contracción particularmente dada la inflexibilidad del presupuesto de la República va a haber una contracción importante, una vez más, en el gasto de infraestructura. Eso es duro", recalcó el titular de Hacienda.
Cuando la coordinadora del PLN le consultó sobre las medidas que el Gobierno pretende tomar para impedir que la deuda sobrepase el techo del 60% del PIB, Rodrigo Chaves afirmó que las únicas que tienen en mente son las que hoy se pusieron en conocimiento de los diputados.
Entre estas está el plan para trasladar ¢226.000 millones en superávits de varias entidades públicas al pago de deuda, la venta de activos del Estado como la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), así como medidas para aumentar el orden en el sector público y aprobar una reforma al empleo público que generaría ahorros por un 1% del PIB anuales, según dijo el jerarca de Hacienda.

