Diputados cuestionan gestión de Dirección Regional del PANI en Alajuela
Imagen con fines ilustrativos
Diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia cuestionaron la gestión de la Dirección Regional de Alajuela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tras conocer que la institución archivó el expediente de un niño de cinco años que murió el 5 de noviembre en Desamparados de Alajuela.
El caso generó cuestionamientos porque el centro educativo al que asistía el menor había alertado sobre posibles situaciones de violencia. Pese a esa advertencia, el PANI cerró el expediente en setiembre de 2026.
Los legisladores pidieron revisar los mecanismos de supervisión de esa dependencia, los criterios utilizados para valorar las denuncias y las decisiones de los funcionarios responsables de atender alertas sobre posibles riesgos para menores de edad.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como grave que el PANI no cuente con controles suficientes para evitar situaciones de esta naturaleza.
"Para los costarricenses es muy grave que una institución como el PANI no tenga los controles suficientes para evitar que situaciones de estas se presenten. Eso es negligencia administrativa y hay que corregirlo con urgencia", manifestó.
El diputado insistió en que deben revisarse las actuaciones administrativas y establecer si existen responsabilidades disciplinarias.
Por su parte, Joselyn Sáenz, diputada del Frente Amplio, cuestionó la capacidad institucional del Patronato para garantizar una atención efectiva de la niñez en todo el territorio nacional.
"El resultado del debilitamiento del PANI, que siga bajo la regla fiscal y la saturación de los funcionarios son tres elementos que implican una relación directa con la incapacidad que tiene la institución para atender", afirmó.
La legisladora advirtió que esas condiciones no pueden justificar deficiencias en la protección de los menores de edad.
Además, adelantó que la comisión valora impulsar una investigación sobre las actuaciones del PANI en el caso del niño y revisar la atención brindada por la Dirección Regional. También analiza la posibilidad de ampliar las pesquisas al ámbito nacional.
Sáenz agregó que buscan contactar a la Defensoría de los Habitantes para conocer la información que ha recopilado sobre la situación en esa provincia y valorar posibles medidas de control político.
Cuestionamientos a la Dirección Regional
En el caso más reciente, el centro educativo al que asistía el niño alertó sobre posibles situaciones de violencia. El Ministerio de Educación Pública (MEP) remitió la denuncia al PANI, que recibió el caso el 8 de junio de 2026.
Sin embargo, en setiembre de ese año, la institución archivó el expediente al concluir que las valoraciones realizadas no permitían acreditar elementos objetivos suficientes para mantener un proceso especial de protección.
El Patronato señaló que, durante la revisión, identificó redes de apoyo familiar y seguimiento en salud y nutrición, además de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo.
El menor falleció el 5 de noviembre. Inicialmente, las autoridades recibieron una versión según la cual habría muerto por un supuesto atragantamiento con avena. Sin embargo, durante las primeras diligencias judiciales se identificaron lesiones antiguas y recientes en distintas partes de su cuerpo.
La Fiscalía investiga el fallecimiento como un posible homicidio. La madre del niño y otra mujer permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Después de conocerse la muerte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó explicaciones al PANI sobre las actuaciones realizadas, los criterios utilizados para archivar el expediente y las eventuales responsabilidades administrativas. También pidió revisar los mecanismos de supervisión de la Dirección Regional de Alajuela sobre las oficinas locales.
Otros dos fallecimientos en Alajuela
El caso reciente no es el único que ha generado cuestionamientos sobre la atención institucional de situaciones de violencia contra menores de edad en el ámbito de competencia de esa Dirección Regional.
El 9 de mayo de 2019 falleció José Rodrigo Marroquín Alas, conocido como Rodriguito, de cinco años, en Sabanilla de Alajuela.
Las investigaciones judiciales documentaron las graves agresiones que sufrió el niño mientras estaba bajo el cuidado de su madre y su padrastro. El caso también generó cuestionamientos sobre las alertas y denuncias relacionadas con su situación y la capacidad de las instituciones para identificar los riesgos que enfrentaba.
El segundo fallecimiento ocurrió el 15 de enero de 2020, cuando una niña de cuatro años murió en Tuetal de Alajuela, en circunstancias relacionadas con graves agresiones.
Posteriormente, trascendió que existían antecedentes de denuncias sobre posibles situaciones de violencia en su entorno familiar. Uno de los principales cuestionamientos se relacionó con la clasificación de prioridad asignada a una denuncia, que habría recibido una categoría inferior a la correspondiente según la gravedad de los hechos reportados.
El caso provocó una crisis institucional en el PANI y culminó con la renuncia de la entonces presidenta ejecutiva de la institución, Patricia Vega.
CR Hoy consultó al PANI sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Alajuela, los mecanismos de supervisión y las medidas adoptadas para prevenir situaciones similares.
También realizó distintas llamadas telefónicas a Yorleny Mora Acuña, actual directora regional, para conocer su posición sobre los cuestionamientos. Sin embargo, al cierre de esta nota, ni la institución ni la funcionaria habían brindado respuesta.