ICE liquidó a funcionario, lo recontrató el mismo día y luego le cobró la cesantía
Imagen ilustrativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Fotografía tomada de Facebook de Grupo ICE.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) liquidó a un trabajador el 1.º de junio de 2018 y lo recontrató ese mismo día en otro puesto. Por la liquidación, le pagó ₡32.257.306,15 de cesantía. Dos años después, la institución inició un proceso para recuperar ese dinero.
La Sala Primera anuló cuatro actos administrativos mediante los cuales el ICE pretendía cobrarle al funcionario, de apellidos Velázquez Alvarado, el monto que le había pagado. Los magistrados concluyeron que el instituto debía abrir un procedimiento administrativo ordinario antes de exigirle la devolución.
El fallo, dictado el 4 de junio de 2026, ordenó al ICE devolver cualquier suma que ya le hubiera cobrado por ese concepto, junto con los intereses legales. Sin embargo, la Sala determinó que el plazo para reclamar el dinero no había comenzado a correr, porque Velázquez continuaba al servicio del mismo patrono.
La resolución no impide que el ICE gestione el reintegro, pero establece que debe seguir el procedimiento que exige la ley.
El ICE lo liquidó y lo recontrató el mismo día
Velázquez ingresó al ICE el 16 de setiembre de 1985. En marzo de 2018 solicitó trasladarse de la planilla 01, regida por el Estatuto de Personal, a la planilla 08, sujeta al Reglamento Autónomo Laboral. También pidió que le garantizaran la continuidad en la institución y le asignaran funciones similares a las que desempeñaba en el área de mantenimiento de redes de Liberia.
El ICE aprobó la solicitud en abril. En mayo, Velázquez firmó el formulario para tramitar el cambio de planilla y la liquidación con responsabilidad patronal.
El 1.º de junio de 2018, la institución lo liquidó como técnico de negocio electricidad 4D y lo nombró por tiempo indefinido como técnico de negocio electricidad 4A, también en la subregión de Liberia. La liquidación incluyó los ₡32,2 millones de cesantía que dieron origen al litigio.
En agosto de 2018, el ICE suspendió la política de traslado voluntario a la planilla 08. Entre diciembre de ese año y febrero de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) revisó los pagos a 36 personas que el ICE había liquidado y que Radiográfica Costarricense (Racsa) había recontratado.
La CGR ordenó al instituto ajustar sus actuaciones al Código de Trabajo y gestionar los cobros correspondientes por las vías legales. El Consejo Directivo del ICE también dispuso identificar otros casos similares.
Imagen ilustrativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Fotografía tomada de Facebook de Grupo ICE.
¿Qué reclamó el trabajador?
El ICE inició el cobro a Velázquez en setiembre de 2020. El trabajador se opuso y presentó recursos de revocatoria y apelación contra la decisión. El instituto rechazó ambos y, en 2021, le notificó que debía pagar.
Velázquez demandó al ICE, al Estado y a la Contraloría. Alegó que había vencido el plazo para que el instituto revisara el acto que le reconoció la cesantía y que la acción de cobro también había prescrito.
Solicitó anular los oficios, recuperar con intereses cualquier suma que le hubieran cobrado y recibir ₡1 millón por daños y perjuicios.
Además, pidió que, si debía devolver la cesantía, se declarara abusivo el cambio de sus condiciones laborales. En ese caso, solicitó volver a la planilla 01, recuperar su salario anterior y recibir las diferencias salariales y los aportes correspondientes.
El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó toda la demanda en junio de 2025. Consideró que el cobro respondía a una obligación legal vinculada con la recontratación y que el ICE podía exigir el reintegro sin anular antes el acto que reconoció la cesantía.
También concluyó que Velázquez había solicitado y aceptado el cambio de planilla y que el expediente no demostraba que el instituto se lo hubiera impuesto.
El Tribunal condenó al trabajador al pago de las costas. Por mayoría, también reconoció intereses sobre la parte correspondiente a la Contraloría, que los había solicitado.
¿Por qué el cobro seguía vigente?
Velázquez recurrió la sentencia. En febrero de 2026, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente a la Sala Primera, al considerar que le correspondía resolver el recurso por la naturaleza autónoma del ICE y el objeto del litigio.
El trabajador alegó que el ICE tenía un año para cobrar, contado desde el 1.º de junio de 2018, fecha en que lo recontrató. Invocó el artículo 418 del Código de Trabajo porque, a su juicio, la acción de cobro nacía de la ley y quedaba fuera del contrato laboral. Según ese cálculo, el plazo habría vencido antes de que el ICE iniciara el cobro en setiembre de 2020.
La Sala explicó que la obligación de reintegrar la cesantía se activa cuando un servidor acepta un cargo público durante el período cubierto por la indemnización. La ley permite descontar el equivalente a los salarios que habría recibido durante el tiempo que permaneció cesante.
En este caso, Velázquez volvió a trabajar de inmediato para el mismo patrono. Para los magistrados, esa continuidad impidió que empezara a correr el plazo de un año, que se cuenta desde la extinción de la relación laboral.
La Sala interpretó que la regla que suspende el cómputo mientras se mantiene el vínculo con el mismo patrono se aplica tanto a las acciones del trabajador como a las del empleador.
El ICE debía abrir un procedimiento ordinario
La Sala sí acogió el reclamo por violación al debido proceso. Determinó que el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública obligaba al ICE a tramitar un procedimiento ordinario, pues la institución pretendía imponerle al trabajador una obligación económica capaz de causarle un perjuicio grave.
Ese procedimiento debía incluir la comunicación de apertura, la formulación de cargos y la oportunidad para que el trabajador se defendiera, antes de emitir una resolución final.
Los magistrados explicaron que la orden de la Contraloría se dirigía al ICE en ejercicio de sus facultades de fiscalización. Por eso, le correspondía al instituto determinar la obligación individual mediante sus propios actos y con las garantías del procedimiento ordinario.