PAC, Frente Amplio y PIN cuestionan a Contraloría por estudio de precios del CNP
Solicitan estudio de precios y de servicios que dan proveedores privados a Juntas de Educación
(CRHoy.com).- Las fracciones de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) e Integración Nacional (PIN) cuestionaron a la Contraloría General de la República por los estudios de precios que paga el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
El pasado jueves, los diputados de esas tres fracciones enviaron un oficio a la contralora, Marta Acosta, en el que le recalcan que, según ellos, quedó en evidencia que la Contraloría no tiene estudios de precios comparativos entre las Juntas de Educación atendidas por proveedores privados y las que atiende el Consejo.
Por lo anterior, le solicitaron a la Contraloría una investigación sobre los precios pagados a los proveedores privados de las Juntas de Educación. La idea, según los firmantes del oficio, es tener más insumos para la discusión del proyecto de ley para modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP para que las Juntas que administran los centros educativos tengan la opción de no comprarle los insumos alimentarios al Consejo, para que ahorren adquiriéndolos a proveedores privados.
"Esta investigación que se solicita, tiene el propósito de verificar las condiciones básicas del servicio brindado por los proveedores privados a los centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP) que no son atendidos por el CNP en la actualidad", explicaron los diputados, quienes solicitaron que el estudio de precios se realice para el periodo comprendido entre el 1.º de enero del 2020 y el 30 de junio del 2021.
La Contraloría recomendó a los diputados aprobar el proyecto de ley para que las Juntas de Educación no tengan la obligación de comprarle al CNP, siempre y cuando utilicen los mecanismos de contratación pública vigentes.
Marta Acosta dijo a finales de la semana pasada ante los diputados que la Contraloría comprobó varias deficiencias del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), el más importante del CNP.
¿Qué solicitan?
Los diputados pidieron a la Contraloría evaluar si la administración del MEP hace actividades periódicas para determinar la efectividad del servicio prestado por los proveedores privados a los comedores escolares y si estos alcanzan para llenar la cantidad de raciones según los menús oficiales.
Además, solicitaron a la Contraloría que se realice un análisis de los precios de una muestra de los principales productos que suministran los proveedores privados de las Juntas de Educación, y que se tomen como referencia los precios de esos mismos productos en supermercados locales y los precios que establece el CNP en su gestión de proveedor.
Solicitan, también un análisis básico sobre la procedencia, nacional o importado, de los productos que se están suministrando por los proveedores privados a las Juntas.

La Contraloría General de la República se pronunció a favor del proyecto de ley que eliminaría la obligatoriedad de que las Juntas de Educación adquieran alimentos solo al CNP. (Foto: Archivo CRH)
"Un análisis de una muestra nacional de esos centros educativos para determinar tiempos de pago de la Junta Administrativa al proveedor privado que le atiende; evaluar si los proveedores privados de las Juntas de Educación tienen y ejecutan procedimientos para la presentación y resolución de inconformidades y denuncias", reza la nota a la contraloría.
Por último, los diputados le pidieron al órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en control de la hacienda pública, que identifique en el estudio cuáles mecanismos aplican las Juntas de Educación atendidas por proveedores privados para definir y garantizar las condiciones de calidad, entrega, disponibilidad, atención al usuario, entre otras y para la atención "oportuna" de contingencias que puedan afectar el servicio, para la admisibilidad, atención y seguimiento de inconformidades y denuncias presentadas por los usuarios.
El CNP está en la picota por el pago de precios más elevados por varios productos agrícolas, como el frijol, con drásticas diferencias con respecto al precio de esos bienes en el mercado.
En medio de la polémica, el Gobierno defiende los sobreprecios y los justifica como una posición ideológica en favor de los productores costarricenses.
