“Organización criminal” tras robo al BN gastó ₡60 millones al mes en lotería y se repartían premios
Fiscales apuntan a que se constituyó "organización criminal" para perpetrar sustracción

Caso "Gallo Tapado" investiga la desaparición de más de 3200 millones de colones de las bóvedas del Banco Nacional
Para la Fiscalía Anticorrupción, la sustracción de los ₡3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) fue orquestada por varios funcionarios de la entidad que conformaron una "organización criminal".
Según la orden de allanamiento que permitió la detención de 8 personas el pasado miércoles 8 de noviembre, el centro de la operación es el tesorero de apellidos Olivas Valle, quien habría sido el encargado de sustraer los fajos de billetes, colocándolos en sobres de manila, para sacarlos de las instalaciones del banco.
La fiscalía apunta a que Olivas se asoció con otros funcionarios, cuyos rangos y apellidos se detallan a continuación, para ejecutar la sustracción de los dineros:
- Ugalde Morales: Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo.
- Blanco Oviedo: Supervisor de Procesamiento de Efectivo.
- Cerdas Martínez: Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo.
- Hernández Saborío: Contador de efectivo.
- Madrigal Faerrón: Jefe de Tesorería.
- Bolaños Zúñiga: Guarda de seguridad.
Las pesquisas apuntan a que Olivas Valle se encargó de la ejecución material de las sustracciones de dinero, lo cual desarrolló valiéndose de la incomunicabilidad que existió entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).
Al parecer, Olivas entregó a Ugalde Morales sumas de dinero inferiores a las recibidas por los demás funcionarios del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE). De esta manera, logró acumular de manera injustificada una suma superior a los ₡4.556 millones, de los cuales ₡3.239 millones fueron sustraídos de las instalaciones del banco.
La investigación logró acreditar, al menos, 7 presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre, bajo un mismo modo de operación: Olivas Valle aprovechándose de las funciones que tenía en el BNCR introdujo fajos de billetes en un sobre de manila de color amarillo, acumulando sumas aún no determinadas en efectivo.
Al sustraer los billetes, salía caminando de la esclusa y del puesto de seguridad del CIPE. Siempre con el sobre de manila amarillo en la mano derecha.
Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí (supervisor de procesamiento de efectivo) y Cerdas Méndez se habrían encargado de "ocultar el desbalance contable que generó la sustracción del dinero en efectivo realizado por Olivas Valle".
Esto lo lograban, según la fiscalía, mediante el registro de información falsa en los arqueos que diariamente debían realizar, así como con la omisión y ejecución y verificación de los controles establecidos en cada una de las funciones que tenían a cargo. A partir de esto, Olivas Valle tuvo posibilidad de sustraer los ₡3.293 millones en el lapso temporal bajo investigación.
Para el Ministerio Público, la organización criminal procedió a establecer un esquema operacional que tenía como objetivo justificar el origen del dinero que adquirieron producto de la actividad ilícita.
Para ello, Olivas Valle, entre enero de 2022 a octubre de 2023, habría procedido de manera sistemática y reiterada a comprar hasta ₡60 millones mensuales en lotería (chances y Tres Monazos) a razón de ₡2 millones a ₡3 millones por día.
"Producto de esa saturación estadística, logró hacerse acreedor de múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales fueron repartidos entre todos los miembros de la organización", detalla la orden de allanamiento.
Por ejemplo, según la fiscalía, Madrigal Faerrón habría comprado una propiedad en San Jerónimo de Moravia donde construyó una vivienda esquinera. Precisamente, este funcionario se acogió a la jubilación el 4 de octubre de 2023, justo 1 día después de que internamente se destapara la presunta sustracción de los dineros.
Olivas Valle es funcionario del BNCR desde 2014 y es vecino de Ipís de Goicoechea. Contra él, la fiscalía solicitó prisión preventiva como medida cautelar mientras continúan las pesquisas por el caso.
Esa misma medida cautelar se solicitó contra Madrigal Faerrón, Ugalde Morales y Ramírez Sandí por el delito de peculado en conjunto.
En el caso de Madrigal Faerrón, Ugalde Morales y Ramírez Sandí abogado defensor, José Pablo Badilla, asegura que no existe un delito comprobado, ni siquiera un indicio comprobado que permita la imposición de una medida como la prisión preventiva.
"Vamos a demostrar que todo ocurrió en un departamento separado y descartamos que haya un delito de incumplimiento de deberes", explicó Badilla a CRHoy.com.
El Ministerio Público originalmente tenía la posición de que Olivas, uno de los imputados, había cometido peculado y que los otros sospechosos habían cometido delito de incumplimiento de deberes.
"Ahora el Ministerio Público cambió su posición y lo que está sosteniendo es que existe una orquesta criminal para cometer el delito de peculado en conjunto y es a partir de esta posición ministerial que están solicitando la medida preventiva para todos", concluyó Badilla.
