(CRHoy.com). La Contraloría General de la República (CGR) le recordó a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, que debe acatar lo dispuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) en lo atinente a la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

En concreto, a través de varios dictámenes, la PGR señaló que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) es el llamado, desde el punto de vista legal, para liderar todo lo referente a las autorizaciones de empresas o entes encargados de brindar ese servicio público.

El ente contralor remitió a Amador un oficio el pasado 16 de agosto. El documento se envió a partir de una denuncia planteada por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), tras dudas con las actuaciones del gobierno en el concurso público promovido desde el ministerio para otorgar la RTV a un permisionario en uso en precario.

"En la mencionada gestión se solicita detener los actos que autoricen ese permiso. Sobre el particular, la CGR resolvió que, al tratarse de un acto unilateral del Estado, ajeno a la materia de contratación administrativa, ese acto deberá ser discutido en sede administrativa o bien en sede Contencioso Administrativa. La CGR no tiene en sus competencias controles previos en este momento del proceso en torno a esa figura", indicó la CGR.

Eso sí, el ente contralor enfatizó a Amador en que se debe acatar lo indicado por la PGR, "reiterando además que es responsabilidad de la administración activa contar con el expediente administrativo, donde consten todos los estudios técnicos y legales que sustenten y garantice las decisiones administrativas que permitan verificar que las mismas se encuentran ajustadas a derecho".

Delgado planteó el reclamo con base en argumentos que le dio la PGR en respuesta a una consulta que hizo, en la cual se señaló que el ente que debe liderar el concurso es el Cosevi.

Según la legisladora, fue el despacho del ministro el que recibió las ofertas para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular. Sin embargo, sostuvo que eso resulta "jurídicamente improcedente" porque el artículo 25 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial indica que corresponde al Cosevi otorgar las autorizaciones para los centros que realizan la inspección técnica vehicular.

En ese sentido, el dictamen C-139-2022 del 28 de junio de 2022 y la opinión OJ-095-2022 del 14 de julio de 2022, de laPGR, indican que "la revisión técnica vehicular es una función del MOPT, pero una competencia desconcentrada en el Cosevi, al que le corresponde contratar, fiscalizar y sancionar a las empresas habilitadas para prestar el aludido servicio".

Asimismo, el consejo es el órgano competente para establecer los requisitos adicionales a los comprendidos en el mínimo legal del artículo 27 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial que dichas empresas deben cumplir para quedar habilitadas como prestatarias de la citada actividad".

De acuerdo con la legisladora, el jerarca del MOPT, al emitir la invitación para recibir ofertas, tramitar y otorgar el permiso para la revisión técnica vehicular "estaría avocando la competencia dada al Cosevi por ley, lo cual haría que el acto administrativo que eventualmente se dicte violente el ordenamiento jurídico y, por tanto, sea susceptible de ser declarado absolutamente nulo e inejecutable de conformidad con lo señalado por los artículos 158 inciso 2) , 166 y 169 de la Ley General de la Administración Pública".

Tras los cuestionamientos vertidos, el ministerio varió la postura y conformó una comisión a lo interno de Cosevi para analizar las ofertas. Dicha comisión se encargó de recibir y abrir las 11 propuestas recibidas por las empresas interesadas.

En este proceso, no participa el ministro Amador pese a que en principio la cartera fue el que lideró todo el procedimiento de concurso.

Posible ilegalidad

Carolina Delgado, diputada del PLN. (Archivo/CRH).

La legisladora Delgado recordó que Costa Rica es un país de derecho y que debe respetarse el marco normativo que rige las actuaciones de la Administración Pública.

"Somos un país de derecho y como tal debe respetarse el marco normativo que rige las actuaciones de la Administración Pública. La forma en que ha procedido el MOPT es ilegal porque no le corresponde a él ni al Ministerio asumir la función de adjudicación del servicio de revisión técnica. Esa es una labor que debe emprender el Cosevi y es algo que no ha ocurrido", insistió la liberacionista.

Delgado recordó que esta situación provocó incluso la renuncia del exdirector del Cosevi, Olman Vargas, tras verificar la falta de información aportada por Amador sobre la decisión que ya el jerarca había adoptado sobre el proceso de adjudicación.

En dos pronunciamientos, la Procuraduría determinó que la revisión técnica es una competencia desconcentrada del Cosevi y criticó la figura de autorización de uso en precario en vista de que se trata de un servicio que, por sus características, debe adjudicarse por medio de un concurso público.

Tras la respuesta de la Contraloría, Delgado envió oficios a Amador y a la directora del Cosevi, Cindy Coto, mediante los cuales solicitó información sobre las acciones correctivas del acto administrativo presuntamente viciado de nulidad y las eventuales medidas sancionatorias.

En el criterio de la CGR, por las características de la figura de permiso de uso en precario que determinó Amador, lo procedente para establecer alguna medida cautelar sobre el acto administrativo es interponer un proceso en la vía contencioso-administrativa.

En el oficio enviado al Cosevi, por parte de la legisladora, se plantea la posibilidad de acudir a esta vía, en caso de que no se adopten medidas a lo interno de esta dependencia sobre el proceso que se ha llevado a cabo.

"La improvisación puede pasarle una factura cara al país. A futuro, si no se toman las medidas del caso, podríamos exponer al Estado a demandas que pueden resultar un perjuicio grave que todas y todos los costarricenses tendríamos que asumir y eso es lo que queremos evitar. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y actuar con criterio de oportunidad", agregó Delgado.

Mientras este tema se resuelve, la diputada propuso avanzar con el conocimiento del proyecto que busca decretar una amnistía temporal en la aplicación de la revisión técnica vehicular para que no se apliquen multas a los dueños de vehículos.

El MOPT abrió el proceso para a la adjudicación del servicio después de que venció el contrato entre el Estado y la empresa española Riteve.