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Magistrados responden a ataques de Chaves: Actuaciones de la Sala III se apegan a la legislación

Por José Adelio Murillo | 19 de Sep. 2024 | 2:02 pm

Al igual que lo hizo el Ministerio Público ayer miércoles, hoy la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó los ataques del mandatario Rodrigo Chaves, quien durante su conferencia de los miércoles, acusó al Poder Judicial de "hostigarlo".

Luego de los allanamientos realizados en el Ministerio de Salud para investigar el supuesto abuso de autoridad del gobernante, al cerrar el Parque Viva, Chaves Robles criticó a los magistrados de la Sala de Casación Penal, instancia que ante la consulta de crhoy.com replicó:

Las actuaciones jurisdiccionales de la Sala de Casación Penal se apegan a la legislación procesal penal vigente, no es una intervención oficiosa sino a solicitud de la Fiscalía General de la República, órgano competente en el ejercicio de la acción penal.

Es obligación legal de la Sala de Casación Penal el control jurisdiccional de una diligencia de investigación como la practicada en el Ministerio de Salud.

Los cinco magistrados avalaron y supervisaron los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General en las instalaciones del Ministerio de Salud, dado que el principal investigado en esta causa es el Mandatario, al cual le aplica un procedimiento especial.  

"Está la Sala Tercera en pleno. Son los cinco magistrados de la Sala Tercera que estaban ahorita en funciones, están realizando el allanamiento", indicó el fiscal durante las diligencias.

"Es un allanamiento relacionado con el cierre de Parque Viva, en donde se investiga a miembros de Supremos Poderes. El allanamiento, como se trata d e miembros de Supremos Poderes, se le tiene que pedir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y fue autorizado por los señores magistrados que están practicando también la diligencia", agregó Díaz.

Rodrigo Chaves y la vicepresidenta Mary Munive dedicaron prácticamente 20 minutos a señalar al Poder Judicial por investigarlos. Entre otras cosas, el mandatario dijo este miércoles:

Hoy allanaron el Ministerio de Salud porque el fiscal general le dijo a la Sala Tercera que es la sala suprema de la materia penal, que yo Rodrigo Chaves había creado una especie de sindicato criminal para cerrar el Parque Viva.

Que eso ameritaba investigar al servidor de ustedes -el líder de la banda-, al director de Bomberos, al director de Tránsito, al ministro de Obras Públicas y Transportes en aquel entonces, a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional (no detalló) de aquel entonces y a un montón de entidades, porque habían caído en un juego que es según ellos, cerrar Parque Viva por razones diferentes al bienestar público. 

(…) Es una muestra más de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía y de la Sala Tercera, la presidenta Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de dañar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme. Eso es lo que están haciendo. (…)

Tantas cosas, pero no. Hay que hacer una investigación autorizada por la Sala Tercera para ver cómo fue que yo lideré un grupo criminal para afectar a Parque Viva y a La Nación. (…) 

No lo digo yo don Carlo, usted tiene los documentos. Si usted cree que hubo una conspiración está totalmente equivocado.

Ahí están los documentos técnicos de gente honesta como los Bomberos, la Dirección de Tránsito, etcétera, y que usted ahora dice que, en su protección del Grupo La Nación porque no veo otra cosa, dice que hubo un acto criminal de nuestra parte. 

El fiscal general Carlo Díaz, consultado por crhoy.com, replicó anoche a los cuestionamientos de Chaves Robles. Manifestó:

El Ministerio Público es un órgano jurídico que se encarga por ley de ejercer la persecución penal, de modo que no se referirá a manifestaciones mal intencionadas que pretenden cuestionar nuestra objetividad e independencia en las acciones operativas en ejecución.

Cualquier discusión jurídica acerca del trabajo que dirigimos la haremos únicamente donde corresponde: en los Tribunales de Justicia.

La investigación

La Fiscalía General busca recabar pruebas para incluir en la investigación por supuesto abuso de poder del mandatario Rodrigo Chaves, cuando se cerró el centro de eventos Parque Viva, a mediados del 2022.

El Ministerio Público dirigió un operativo en el cual pretendían decomisar documentos, prueba electrónica e indicios relevantes para la investigación. El fiscal Carlo Díaz confirmó que la denuncia se centra en Chaves Robles.

Las diligencias se condujeron en el Ministerio de Salud en la capital y se extendió a las oficinas en Alajuela, bajo la dirección de la Fiscalía General, en colaboración con agentes de las secciones Anticorrupción y de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En la investigación figuran como imputados el mandatario Rodrigo Chaves Robles, así como los exministros de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, y de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, según la información que dio a conocer el Ministerio Público cuando se abrió el expediente. Por esa razón, es el fiscal general quien debe dirigir las diligencias.

Los delitos que se investigan por el cierre de Parque Viva son los de prevaricato y abuso de autoridad, tramitados bajo el expediente 22-000049-0033-PE.

Aunque comúnmente los sospechosos o imputados en las causas penales son indagados. Sin embargo, Chaves Robles no deberá comparecer ante las autoridades judiciales como todos los ciudadanos, debido a que es un miembro de los Supremos Poderes del Estado.

Según explicó el fiscal general, Carlo Díaz, cuando se trata de una persona con la investidura presidencial, existe un procedimiento especial y, por lo tanto, el mandatario no será detenido para realizarle una declaración indagatoria. 

La investigación inició tras una denuncia, dado que el Ministerio de Saludo con Joselyn Chacón a la cabeza, ordenó el cierre del establecimiento dos días después que Chaves Robles cuestionara la solvencia económica del Grupo Nación, para cumplir con compromisos económicos adquiridos mediante la colocación de bonos de deuda, que fueron comprados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El cierre ocurrió el 8 de julio del 2022, cuando Chaves tenía poco en el poder. No obstante, los informes técnicos para justificar el cierre llegaron días después a la orden de revocar el permiso de funcionamiento temporalmente.

Crhoy.com también intentó conocer la posición de la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera aludida por Chaves, pero la funcionaria se encuentra de vacaciones.

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