Magistrada insta al Poder Judicial a defenderse de ataques del Gobierno
Para la magistrada de la Sala III Patricia Solano, es hora de que el Poder Judicial se defienda de los ataques políticos y la desinformación que lo responsabilizan de la crisis de inseguridad que vive el país y fue clara en que atender esa situación de forma preventiva es una de las labores desatendidas del Poder Ejecutivo.
En entrevista con CR Hoy, Solano afirmó que el Poder Judicial ha cometido el "pecado" de no responder al discurso que busca desprestigiarlo, haciéndolo responsable del crimen organizado, la inseguridad y, en sus palabras, "de todos los males" en Costa Rica.
Esa postura la ha criticado incluso a lo interno del Poder Judicial, dado que cree que la entidad ha debido brindar respuestas más frontales y certeras sobre lo que realmente ocurre en el país, especialmente cuando el Gobierno de Rodrigo Chaves evitó asumir su responsabilidad ante la ola de asesinatos.
"La seguridad ciudadana es una de las funciones esenciales asignadas por la Constitución y por la ley al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública. Lo que llega al Poder Judicial es cuando la contención no funciona, cuando el hecho ya sucedió", detalló la alta jueza.
Solano enfatizó que, si bien hay muchos aspectos que el sistema de justicia debe mejorar, han sido autocríticos y han implementado mejoras. Añadió que los casos por los cuales son señalados representan una minoría y que prueba de ello son las estadísticas.
Por ejemplo, durante los primeros cuatro meses del año, el Poder Judicial recibió más de 201 mil expedientes nuevos y, en el mismo periodo, se culminó con el trámite de 216 mil casos de todo tipo.
Tomando en consideración las cifras del 2025, la diferencia es incluso mayor: ingresaron 629 mil expedientes mientras que terminaron con el trámite de 846 mil, superando más de medio millón de resoluciones.
En la materia penal, una de las más criticadas, el año pasado se abrieron 155 mil casos, pero los juzgados y tribunales resolvieron 171 mil expedientes. En promedio, cada caso se termina en 132 días, poco más de cuatro meses.
No más silencio
Solano, junto con otros magistrados como Orlando Aguirre y Paul Rueda, han sido víctimas de ataques políticos por parte del Gobierno. Ante esto, considera que la postura del Poder Judicial se ha limitado a corregir imprecisiones cuando Rodrigo Chaves u otro ministro desinforma, y esto debe cambiar.
"De alguna manera guardamos silencio y no dijimos las cosas como son (…) Hemos llegado al proceso de inseguridad que vive el país porque se abrieron las fronteras para que otras personas ingresaran a Costa Rica, y eso es labor del Poder Ejecutivo.
Vea cómo cerraron el puesto de Guardacostas y trasladaron a los oficiales a tierra. Acciones de esa naturaleza".
Solano señaló que el Poder Judicial, desde los jueces hasta los fiscales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se ha comprometido con mejorar la seguridad y la efectividad en la persecución de los casos. Aun así, afirmó que políticos como el exmandatario han tratado de atribuirse esos logros.
"El 4 de mayo, cuando Rodrigo Chaves dio su informe ante la Asamblea Legislativa, dentro de las imágenes que se proyectaron aparecía la Fuerza Pública custodiando un lugar y simulando que estaba en un allanamiento. El allanamiento no es preparado por la Fuerza Pública.
Es el OIJ el que realiza el trabajo de investigación, la Fiscalía lo supervisa y ejerce la acción penal, y es un juez de la República quien lo autoriza. En muchas ocasiones se pide el refuerzo de la Fuerza Pública, pero detrás el OIJ, el Ministerio Público y la judicatura, todas las autoridades del Poder Judicial que han intervenido en la investigación del caso", explicó la jueza.
La tónica de responsabilizar al Poder Judicial ha continuado con la presidenta Laura Fernández, por ejemplo cuando en semanas recientes cuestionó públicamente la labor de los magistrados, sugiriendo una persecución política o "politización judicial" contra la administración actual.
Además, criticó que el Poder Judicial no se comprometiera a respaldar ciegamente los proyectos de reforma judicial del Gobierno.