Magistrada: Archivo de 76 causas de Chaves demuestra que no existe persecución política al Gobierno
La presidenta Laura Fernández convocó a los altos jerarcas judiciales para hablar de seguridad, pero aprovechó el encuentro para plantear lo que su gobierno percibe como "la politización" del Poder Judicial y una supuesta persecución penal contra el Ejecutivo.
La magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, reconoció que la inclusión de esos temas llamó la atención, aunque aclaró que es habitual que en ese tipo de reuniones surjan asuntos de interés para alguna de las partes.
Tanto ella como el fiscal general, Carlo Díaz, fueron contundentes: no ha existido motivación política en las investigaciones contra el expresidente Rodrigo Chaves ni contra miembros del gabinete anterior o del actual. El argumento más concreto que ofreció Solano: aproximadamente tres de cada cuatro denuncias contra el exgobernante han sido archivadas por el Ministerio Público y la Corte.
"Es una impresión que tienen distorsionada, porque nosotros hacemos las funciones que nos corresponden. Nunca hubiésemos dictado 76 desestimaciones solo en el caso de Rodrigo Chaves por solicitud del Ministerio Público, si existiera ese sesgo. En términos generales, la cantidad de desestimaciones que hemos dictado para todas las personas con fuero son muchas más", dijo Solano en entrevista con CR Hoy.
La magistrada interpretó esa cifra como prueba de eficiencia: por ley, únicamente el fiscal general puede conducir investigaciones contra miembros de los Supremos Poderes y, pese a esa concentración de competencia, Díaz ya revisó gran parte de los expedientes y descartó la existencia de delitos en la mayoría. Además, la Sala Tercera ha resuelto más casos en los últimos años que en cualquier período histórico comparable, según relató.
La reunión del lunes también contó con la participación del presidente de la Corte, Orlando Aguirre, y del director del OIJ, Michael Soto.
¿Emboscada?
CR Hoy preguntó a Solano si el giro temático de la reunión lo percibió como una emboscada o como un intento del Poder Ejecutivo por presionar al Poder Judicial. La magistrada rechazó esa lectura, aunque no sin advertencia.
"Como decían las abuelas, cada ladrón juzga por su opinión. Como nosotros no estilamos ese tipo de actuaciones, esperamos que no se nos trate de esa manera y que se nos trate con el respeto que merecemos", respondió.
Solano indicó que dejaron claro a Fernández que la seguridad es responsabilidad de todos los órganos del Estado y que el Poder Judicial se mantiene dispuesto a colaborar, tal como lo ha hecho en los últimos dos años, período en el que la coordinación entre el OIJ y el Ministerio de Seguridad contribuyó a reducir los homicidios.
Compromiso que no se puede adquirir
Fernández también criticó que los magistrados presentes no se comprometieran a no obstaculizar los proyectos de reforma judicial que impulsa el Gobierno. Solano explicó que ese compromiso es legalmente imposible de asumir.
El Poder Judicial no puede pronunciarse a favor ni en contra de una propuesta legislativa. Su único mandato constitucional es determinar si un proyecto incide en el funcionamiento y organización de la institución. Si la respuesta es afirmativa, ese proyecto requiere 38 votos para ser aprobado en la Asamblea Legislativa —una mayoría calificada que el oficialismo, con 31 diputados, no alcanza por sí solo.
Eso es precisamente lo que Fernández buscaba evitar. Los magistrados, sin embargo, no cedieron.
"Siendo Corte Plena un órgano colegiado, siempre emitimos criterios técnicos. Cada magistrado vota si estima que un proyecto incide o no en la organización y funcionamiento, pero lo hacemos de manera estrictamente técnica", aclaró Solano.
Ni ella ni Aguirre podían, además, comprometerse en nombre de los 22 magistrados que integran Corte Plena. Fernández no detalló en la reunión cuáles reformas tiene previstas ni si las someterá al criterio del Poder Judicial antes de presentarlas formalmente al Congreso.