Los 8 puntos que exigen los taxistas: solo quieren 4.500 carros de Uber en operación

Los taxistas no apoyan el ingreso de Uber al país. con condiciones similares a las de ellos. Archivo CRH/Con fines ilustrativos

(CRHoy.com).- Los taxistas formales se apersonaron este martes a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde se discute el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para regular Uber.

Se trata del proyecto 21.228, con el cual los transportistas insisten en una modificación para "humanizar el trato a los prestadores del transporte tipo plataforma".

Esto surge como plan de cambio al cuestionado texto que planteó el Poder Ejecutivo en enero anterior.

¿Qué es lo que piden textualmente los taxistas?:

1. Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha.

2. Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concetración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.

3. Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.

4. Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.

5. Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán "tercerear" el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.

6. Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.

7. Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.

8. Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo.

"Es el mismo proyecto, pero el que venía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no le ponía tope a la cantidad de conductores. Queremos que 4.500 conciudadanos que trabajan para esas plataformas queden trabajando legalmente y con sus permisos", dijo Gilbert Ureña, uno de los representantes de los taxistas que habló ante los diputados.

De esa cantidad de carros de la aplicación, piden que un 10% de los conductores brinden servicios para personas con discapacidad.

Datos brindados por Uber en 2018 dan cuenta de que existían 22 mil conductores que brindaban sus servicios a través de la aplicación.

La empresa opera en el paso desde el 21 de agosto de 2015, entre cuestionamientos sobre su legalidad.