“La finalidad era obtener información sensible”: 5 puntos claves de la acusación contra el Presidente
Fiscalía sostiene que la finalidad era obtener información sensible
(CRHoy.com) Una publicación periodística de CRHoy.com -el 21 de febrero del 2020 a las 9:24 a.m.- dio a conocer la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en Casa Presidencial.
La UPAD obtuvo el aval para manejar y solicitar datos confidenciales de los costarricenses, según quedó plasmado en el artículo 7 del decreto Nº41.996-MP-Mideplan firmado por el Presidente Carlos Alvarado.
Todas las instituciones debían entregar datos a la UPAD y únicamente no se les daría acceso a la información considerada como secreto de Estado.
Horas después de que se revelara la noticia, Casa Presidencial en un comunicado de prensa informó que se había decidido derogar el decreto.
Posteriormente, diferentes abogados presentaron denuncias ante el Ministerio Público y se dio una sacudida histórica: un allanamiento en Casa Presidencial, la renuncia de más de 6 funcionarios, una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa y la investigación penal.
Casi 2 años después, la Fiscalía General de la República acusó al Presidente Carlos Alvarado Quesada y al exministro de la Presidencia, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales Mora de los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.
Estos son 5 puntos claves que presenta la acusación firmada por el fiscal Warner Molina el pasado 2 de febrero:
1. La UPAD operó por más de un año
Oficina donde operaba la UPAD, durante el allanamiento. CRHoy
En la acusación del Ministerio Público se señala que la UPAD realizó labores desde mayo de 2018 hasta febrero del 2020. La Fiscalía detalló que asesores de datos del despacho de la Presidencia se dedicaron a la "compilación y análisis de datos personales de las personas ciudadanas de Costa Rica" sin que existiera una regulación que avalara su funcionamiento.
Entre los funcionarios que señala la Fiscalía destacan Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández, Felly Salas y Santiago Álvarez, quienes respondieron a instrucciones del presidente Alvarado y del exministro Víctor Morales. La Fiscalía sostiene que se solicitó "información sobre aspectos personales -restringidos y sensibles de las personas" y ante la "evidente y manifiesta ilegalidad de la petición, algunas instituciones se negaron a suministrar la información".
2. Decreto fundamentado en hechos falsos
El presidente, Carlos Alvarado y el diputado del PAC; Víctor Morales Mora (CRH)
La Fiscalía señala que Carlos Alvarado, Víctor Morales y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto "fundaron en hechos falsos" el decreto donde se conformó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.
La Fiscalía sostiene que los representantes del Gobierno justificaron el decreto en una aprobación del Ministerio de Planificación para reorganizar la estructura organizacional de la Presidencia, pero no fue así.
"Los imputados tenían pleno conocimiento que el citado decreto ejecutivo no había sido remitido al MIDEPLAN, para su análisis y aprobación, en el tanto, sabían que en 2 oportunidades previas, durante la misma administración del imputado Alvarado Quesada, el MIDEPLAN había rechazado la creación de unidades de análisis de datos en condiciones prácticamente idénticas a las fijadas para la UPAD", expresa la acusación.
La Fiscalía agrega que primero se rechazó la Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial -acrónimo DADIA- el 14 de mayo del 2019. Luego en julio del 2019 se negó la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (UPADIA).
3. Intentaron disfraz legal
Las autoridades sostienen que Alvarado, Mora y Soto crearon el decreto "con el fin de darle apariencia legal, y así justificar y generar un resultado no conforme al ordenamiento jurídico".
La Fiscalía describe que se impuso "como obligación a todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, a suministrar datos confidenciales de las personas ciudadanas a la referida Unidad Presidencial de Análisis de Datos". Además, se reprocha que los imputados sabían que requerían un consentimiento y la garantía de un correcto almacenaje de la información sensible.
4."Abusaron de sus cargos"
En la relación de hechos, el Ministerio Público detalla que los funcionarios abusaron de sus cargos al aprobar el decreto.
"Con sus actuaciones personales y funcionales descritas, los imputados… abusaron de sus cargos, al arrogarse facultades no concedidas a ellos, en clara violación de los deberes de la función pública y el deber de probidad, que ellos juraron observar y cumplir cuando asumieron sus cargos públicos", señala el documento.
Comparecencia de Carlos Alvarado sobre la UPAD
5. El objetivo: información sensible
La Fiscalía sostiene que el objetivo de la UPAD era llegar a manejar información sensible, ajena a las actuaciones de los funcionarios:
"Así las cosas, es posible determinar que la finalidad de los encartados era obtener información sensible a través de un acto administrativo amparado en normativa que establece excepciones al derecho de autodeterminación, sin embargo, el contexto en el que se desarrolló el decreto ejecutivo permite concluir que bajo tal ordenanza se pretendía acceder a información sensible y que no guardaba relación con las potestades y funciones conferidas a los imputados en calidad de Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia", manifiesta la acusación.
Asimismo, se detalla que la actuación de Alvarado y Mora "no encuadra en alguna causa de exculpación" y los describe como funcionarios de amplia experiencia en el manejo de datos y con conocimiento de sus acciones.