Junta de la CCSS retoma sesiones después de meses frenada por el Gobierno

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomó este lunes sus sesiones luego de varios meses sin hacerlas debido a la falta de integración completa del órgano.
La situación se originó por la negativa del Gobierno a juramentar a representantes designados por los sectores sindical y patronal.
Desde mayo, el máximo órgano de decisión de la institución no tomaba acuerdos. Este lunes sesionó con 7 de los 9 integrantes que, por ley, deben conformar la Junta Directiva.
La sesión se realizó sin representación del sector sindical y con una vacante del sector patronal. El sector sindical designó a la exdiputada Rocío Alfaro como su representante, pero el Poder Ejecutivo se negó a juramentarla.
Durante la sesión, el director jurídico de la CCSS, Gilberth Alfaro, explicó los fundamentos legales que permiten el funcionamiento del órgano pese a no contar con la integración completa.
Según indicó, el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que la Junta Directiva debe estar conformada por nueve integrantes, distribución que responde a la representación de distintos sectores.
Alfaro señaló que esa integración completa constituye lo que jurídicamente se conoce como "quórum legal" o "quórum integral". Sin embargo, explicó que también existe la figura del "quórum estructural", que permite al órgano operar con un mínimo de cinco miembros una vez que la Junta está debidamente integrada.
No obstante, reconoció que actualmente la Junta no cuenta con los nueve integrantes exigidos por ley, por lo que, en principio, no estaría legalmente constituida.
Pese a ello, afirmó que la paralización del órgano podría comprometer decisiones esenciales para el funcionamiento de la institución y la prestación de servicios públicos relacionados con la salud y la vida de la población.
El director jurídico recordó que la Ley General de la Administración Pública establece principios como la eficiencia y la continuidad del servicio público, los cuales son irrenunciables para las instituciones del Estado.
Además, indicó que la jurisprudencia y los criterios de la Procuraduría General de la República han sostenido que la ausencia de una integración completa no puede traducirse en la paralización de servicios públicos esenciales.
Alfaro concluyó que, bajo circunstancias excepcionales y de urgente necesidad, la Junta Directiva de la CCSS puede adoptar decisiones amparada en la figura de funcionario de hecho, especialmente cuando estén comprometidos procesos sustanciales de la institución o la prestación de los servicios que brinda a la población.