Juez ordena investigar a alcaldesa de Puriscal por supuesto incumplimiento de medidas

(CRHoy.com) Un juez dispuso a la Fiscalía de Puriscal abrir una investigación en contra de la alcaldesa de ese territorio, Iris Arroyo Herrera, por supuestamente incumplir las medidas cautelares que le fueron impuestas en el marco de una demanda por presunto acoso laboral.

La orden de testimoniar piezas -es decir, preparar la pesquisa- consta en una resolución del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de la localidad emitida el 18 de octubre de 2022, de la cual CRHoy.com tiene copia. La decisión es suscrita por el juzgador Rudy Araya Jiménez y se deriva de una comunicación hecha por la accionante en el proceso ordinario de reclamo de derechos laborales, una psicóloga de apellidos Salazar Ramírez.

Específicamente, esta parte alegó que la gobernante local irrespetó la orden de abstenerse de propiciar un "vaciamiento de funciones" de la servidora, quien para entonces era la encargada del Centro Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) así como de la Oficina de la Mujer (OFIM).

Lo anterior en el tanto que el Concejo Municipal aprobó una moción presentada el 13 de setiembre de 2022, para trasladar la supervisión y administración del primero de los despachos a la responsable de Servicios Generales, lo que constituiría una separación de la psicóloga con el Centro de Cuido del que ha sido encargada por más de siete años. Esa determinación -al momento de la gestión- jamás le fue formalmente comunicada a Salazar Ramírez.

A ello se suma que en el presupuesto del ayuntamiento para 2023 incluyó un cambio en la categoría del cargo del responsable de la Oficina de la Mujer, al pasar de profesional municipal 2 (licenciado) a profesional municipal 1 (bachiller). Esto aún y cuando a los psicólogos con grado de bachiller no se les permite el ejercicio profesional, según se extrae de un criterio de la Asesoría Técnica e Investigación del Colegio de Profesionales en Psicólogos, incorporado en la gestión de la accionante.

"Visto el memorial suscrito por la actora, se ordena testimoniar piezas a la Fiscalía de Puriscal, a fin de que sea es esa instancia donde se determine si la demandada Iris Arroyo Herrera en su calidad personal o de alcaldesa de Puriscal, ha incurrido en el delito de desobediencia a la autoridad", indicó el decisor.

En igual sentido, procedió a ampliar la demanda, como lo pidió la defensa técnica de Salazar Ramírez, de manera que se incluyera un cambio de funciones en disminución, así como de categoría y de salario.

Presuntas humillaciones

El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal tramita una demanda por aparente acoso laboral en contra de la alcaldesa Iris Arroyo Herrera. En el proceso, a la gobernante local se le dispuso abstenerse de cualquier conducta que menoscabe, degrade o maltrate la situación psicológica y emocional de la accionante, Salazar Ramírez.

Dicho proceso fue revelado por este medio el 26 de julio de 2020. A través de este, la psicóloga afiliada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) reclamó ¢30.000.000 por daños morales derivados del supuesto hostigamiento. El proceso se tramita bajo el expediente 22-000042-1529-LA-4.

En el documento, Salazar Ramírez alegó un cambio de clima laboral con la llegada de la gobernante local, el 1° de mayo de 2020.

Marcó como primer acto del presunto acoso una reunión de transición el 3 de marzo de 2020 que mantuvo Arroyo Herrera, el entonces alcalde Luis Madrigal Hidalgo y el actual vicealcalde Miguel Mata Zúñiga, en la que la demanda señala a la gobernante local de haber mostrado "un marcado desinterés y falta de respeto", en el tanto que no le puso atención durante su exposición.

A ello abonó que estaba embarazada en ese momento, razón por la cual capacitó a una colega de apellidos Salazar Badilla para que la remplazara durante su licencia de maternidad. No obstante, la demandada rescindió el contrato y dejó la Oficina de la Mujer sin nombramiento por un mes, hasta que designó a otra psicóloga de apellidos Arce Guevara, indica el documento. Pero esta última no recibió el acompañamiento necesario para dar seguimiento a las labores del despacho, lo que generó que la psicóloga recibiera llamadas de compañeros y externos al municipio.

Señala además que el 19 de mayo de 2020, la alcaldesa emprendió una consulta al Departamento de Recursos Humanos, sobre si podía cambiar el tiempo completo a la psicóloga, si podía hacer una contratación de cuarto de tiempo para el puesto que ocupaba y si se podía contratar a una profesional sin el sobresueldo dedicación exclusiva. Esa solicitud de criterio representa el inicio de una serie de acciones con las que, dos años después, le fue suprimido el plus a Salazar Ramírez, reza el documento.

En 2021 la mujer escuchó comentarios entre pasillos sobre las intenciones de que en su contra se abra un órgano director para quitarle la dedicación exclusiva; situación que se materializó el 6 de julio de ese año. El proceso tenía como objetivo, además de eliminar el sobresueldo, cobrar las sumas pagadas desde el 2015.

Dicho plus le fue eliminado a la psicóloga el 26 de febrero de 2022, lo que derivó en una reducción sustancial de su salario, al pasar de ¢1.061.813 a ¢684.491.

Otro flanco del supuesto acoso tiene que ver con una licitación del Centro de Cuido, en la que Salazar Ramírez trabajó en 2019 y 2020. Aparentes atrasos en el proceso, que el documento achaca a la Alcaldía, ocasionaron el cierre del proyecto, el 24 de setiembre de 2021. Ese día, Arroyo Herrera ordenó al Departamento de Proveeduría recibir las llaves de la oficina y hacer un levantamiento de activos, sin tomar parecer alguno a su encargada. El 3 de diciembre de 2021, la accionante fue señalada como la responsable de lo sucedido con el Centro de Cuido, en una reunión sobre su desempeño.

En la demanda se menciona -a modo de hipótesis- que el hostigamiento se deriva de su participación como testigo en dos demandas contra la municipalidad y la gobernante local. Esa última -también por acoso laboral- fue declarada sin lugar el 18 de julio de 2022, según consta en la sentencia 2022-000107 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia, suministrada a por Arroyo Herrera. A esta además se le pidió un comentario sobre el testimonio de piezas, pero explicó que por recomendación de sus abogados no se iba a referir, toda vez que estaba pendiente de efectuarse el debido proceso.

Abonó que la demanda en su contra "inició cuando tome la decisión de no continuarle pagando una dedicación exclusiva a la funcionaria, que representa más de ¢400.000 mensuales a las arcas municipales y no lo consideré necesario".