Investigado en caso Azteca busca su liberación en CIDH
También pretende anular intervenciones telefónicas, apertura de evidencias y allanamientos
(CRHoy.com) Un imputado en el caso policialmente conocido como Azteca, inició un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el que pretende su liberación y que se invaliden las intervenciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación.
También busca anular la apertura de evidencias, allanamientos, así como gravámenes y anotaciones que pesan sobre las cuentas bancarias de los encausados.
En una solicitud de medidas cautelares, que avanza en la fase de estudio inicial bajo el número de referencia MC-915-22, el encartado -de quién no se precisará la identidad, a su solicitud- insiste en la derogatoria de varios artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Lo anterior, a pesar de que el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ha rechazado sus gestiones.
La gestión y su estado fue confirmada a CRHoy.com por el representante legal del endilgado, Joseph Rivera Cheves. El pedido fue presentado hace más de un mes, pero fue hasta el 22 de noviembre de 2022, que la Comisión informó al abogado del trámite del caso, según se extrae de un correo electrónico al que este medio tuvo acceso.
"Nuestra finalidad de esto es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que estudie que efectivamente en Costa Rica está violentando lo que establece el artículo 2, 3 y siguientes de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos o Pacto de San José, donde se determina que en Costa Rica no se pueden aplicar normas derogadas en perjuicio de personas detenidas", comentó el jurista.
Específicamente, alega que en perjuicio de su cliente se han aplicado normas derogadas, en el marco de la investigación que se sigue en su contra bajo el expediente 19-000129-0622-PE; mismo en el que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos persigue los presuntos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio impropio, peculado y penalidad del corruptor. Sostiene que perdieron validez los artículos 2, 3, 6 excepto el inciso D, 7 y 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (8.754); y que aun así han sido utilizadas para justificar diligencias y medidas cautelares en su perjuicio.
"Los jueces penales indican que en realidad no existe a nivel doctrinal ni jurisprudencial, que efectivamente los diputados hayan derogado esos artículos y que ellos no tienen conocimiento de que los diputados en la administración de Carlos Alvarado Quesada y el mismo presidente de la República (Rodrigo Chaves Robles), los hayan derogado, que eso que ellos dicen que es una interpretación auténtica, que eso no existe. Entonces, al no existir esa derogatoria, ellos se rigen por el principio de legalidad y tienen que resolver con la ley actual", indicó Rivera Cheves.
Para el abogado, ese razonamiento "es una falacia". Asegura -como lo han hecho decenas de defensores en el país- que la derogatoria se concretó el 13 de octubre de 2019, con la entrada en vigencia de la Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica (9.481), al vencer el efecto suspensivo (vacatio legis) que había dispuesto el Congreso en la ley 9.591 para postergar la aplicación de la 9.481, debido a un faltante de presupuesto para su puesta en marcha.
A ello se suma una reforma prevista en la Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (9.769), con la que los diputados pretendían atrasar la puesta en vigor de la ley 9.481 hasta 18 meses después de que la Corte Suprema de Justicia contara con el dinero suficiente para su implementación. Sin embargo, esta se aprobó hasta el 18 de octubre de 2019 -cinco días después de que entrara en vigencia la ley 9.481- con todo y una eliminación parcial de la ley 8.754.
La ley 9.769 finalmente fue publicada 12 días más tarde, con la derogatoria de las siguientes normas de la ley 8.754: numeral 2 (declaración de un caso como de tramitación compleja y duplicación de plazos para investigación), 3 (delitos de acción pública no convertibles), 6 (excepto inciso D, sobre causales de prescripción), 7 (plazos de prisión preventiva) y 9 (prórroga de prisión preventiva).
"Nuestra motivación fue esa, que tenemos gente privada de libertad mientras violentamos derechos humanos y que ocupamos que los pongan en libertad. Porque Costa Rica está violentando estas normas y normas internacionales donde tienen personas inocentes, privadas de libertad, con artículos que no pueden ser aplicados en el ordenamiento jurídico", comentó el jurista.
Esta polémica tiene más de un año de haber zanjado una discusión en el país. Por un lado, litigantes sostienen que los artículos antes citados fueron eliminados y que no regresaron a la vida jurídica, mientras que el Ministerio Público sostiene que esto no es así, sino que la ley sigue vigente. Distintos órganos jurisdiccionales, incluidos los de apelaciones de sentencia penal -los de mayor rango antes de la última instancia, la Sala de Casación Penal– han fallado en ambos sentidos.
Mientras la incertidumbre crece, la Sala Constitucional se ha inclinado por no entrar analizar por el fondo el diferendo, sino que ha determinado que ello le corresponde a los juzgados y tribunales del país. Rivera Cheves calificó esta situación de una "omisión" de parte de los magistrados.
El jurista teme que la misma situación se presente en caso de que sea necesario acudir a la Sala Tercera. Actualmente, en el caso Azteca está pendiente de resolverse un recurso formulado ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José; la penúltima vía posible, según el entrevistado. Al ser cuestionado sobre si para acudir a la Comisión era necesario agotar todas las posibilidades en el territorio nacional, el representante del encartado lo negó en el tanto que es un proceso de medidas cautelares.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), el Estado no ha sido notificado sobre esta gestión al menos hasta el 18 de enero, indicó la oficina de prensa de la cartera a CRHoy.com. Este medio además solicitó un descargo al departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que "al ser un tema bajo examen jurisdiccional no es posible emitir comentarios".
Caso Azteca
La Fiscalía contra el Narcotráfico y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan desde el 26 de junio de 2019 la posible de penetración de una banda narco en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a través de dos empresas constructoras que obtuvieran al menos 17 licitaciones entre 2020 y 2021.
A través de esos contratos, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público y la Policía Judicial, el grupo -en apariencia- legitimó aproximadamente ¢678 millones de ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas.
El caso estalló el 9 de noviembre de 2021, con 38 allanamientos simultáneos en todo el país.
Durante la investigación, a la organización criminal fueron vinculadas 27 personas, entre ellos 16 funcionarios públicos, 2 colombianos y 1 mexicano.