Gobierno renuncia a bonos del INS mientras Contraloría advierte de riesgos y complejidad

Edificio principal del Instituto Nacional de Seguros. Foto CRHoy.

(CRHoy.com) Solo 12 días de vida tuvo la idea de tomar las utilidades futuras del Instituto Nacional de Seguros (INS) para emitir títulos de deuda y con ello financiar parte de los gastos por la emergencia ocasionada por el COVID-19 en el país.

El proyecto pretendía calcular las ganancias futuras de la entidad para con base en ello emitir bonos y crear un fideicomiso. El dinero sería trasladado a Hacienda para atender la crisis, pero aunque la idea sonaba prometedora, el Poder Ejecutivo decidió desconvocarlo de la Asamblea Legislativa este martes, para analizar una mejor opción.

Según había adelantado la ministra de Planificación Pilar Garrido en el programa Enfoques este lunes, se cambió de plan para obtener recursos de manera más ágil. Debido al sentido de urgencia -dijo- el gobierno no podía esperar a tres emisiones y crear un fideicomiso para obtener los recursos.

Sin embargo, al mismo tiempo que tomaban esta decisión en el Gobierno, un análisis emitido por la Contraloría General de la República cuestionaba los riesgos y elevados costos que hubiera representado la emisión de los títulos del INS para el Estado.

La entidad, en su informe DFOE-EC-0275 emitido este 30 de marzo a solicitud de la Asamblea Legislativa, determinó que el proyecto podría representar un mecanismo "complejo y costoso para el país cuando lo que se pretende es lo contrario", dado que se estipulaba la eliminación de varias transferencias y ayudas de índole social.

Es importante que se valoren los efectos económicos que se generaría sobre las entidades o estructuras vigentes con la aprobación de las derogatorias o disminuciones de las contribuciones que realiza el INS, las cuales se crearon con fines sociales y económicos específicos, máxime considerando que actualmente ya existe una afectación sobre los ingresos de esas entidades o estructuras, en virtud de la emergencia sanitaria del COVID-19… se recomienda valorar si tanto la propuesta legislativa que se plantea como el instrumento que se pretende crear corresponden al mejor mecanismo para la solución del fin público que se persigue.

Según el informe, la eliminación de ciertas cargas impositivas podría ser contraproducente, pues se pretendía generar recursos de índole social que la entidad ya se encontraba solventando mediante partidas específicas.

No fue el único "pero" que encontró el Órgano Fiscalizador. El principal tiene que ver con que se trataba de un modelo en el cual el país iba a pagar deuda mediante nuevo endeudamiento.

A diciembre pasado, la deuda pública costarricense totalizaba ₡21.217.057 millones, equivalente a un 58,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el Ente contralor el mayor problema es que no había garantía – en la nueva titulación- de que se tratar de condiciones más favorables, como suele ocurrir cuando se realizan este tipo de canjes con organismos financieros internacionales.

Se estarían utilizando en parte a la cancelación de una porción del saldo de esa deuda, sin que se establezca en el proyecto alguna condición o requisito que demuestre que la emisión de los nuevos títulos mediante un fideicomiso generará condiciones más favorables que las actuales.

Este martes CRHoy consultó a Casa Presidencial si la decisión de desconvocar el proyecto obedecía a las recomendaciones y advertencias lanzadas por la Contraloría, en especial porque la decisión se tomó un día después de presentado el documento.

Sin embargo, el Departamento de Comunicación achacó la decisión a la necesidad de liquidez inmediata.