Gobierno denunciará a magistrados por resolver suplencias de la Sala IV

31 de Jul. 2026 | 12:34 pm

El Poder Ejecutivo anunció que el próximo lunes presentará una denuncia por el supuesto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, tras la decisión de ese órgano de prorrogar provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa resuelve la elección pendiente desde diciembre del año pasado.

La acción judicial será interpuesta contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García ante la Secretaría de la Corte Plena, según confirmó el Gobierno este viernes en un mensaje difundido de la presidenta, Laura Fernández y los diputados oficialistas de Pueblo Soberano.

El Ejecutivo y los congresistas oficialistas calificaron la decisión adoptada por la Sala Constitucional como "ilegal e inconstitucional" y aseguró que constituye "ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa", al considerar que únicamente el Congreso tiene la facultad constitucional de nombrar y destituir magistrados.

El Gobierno argumentó que el artículo 164 constitucional establece que únicamente la ley puede determinar el plazo del ejercicio y las condiciones aplicables a los magistrados, por lo que considera que la Sala Constitucional carece de facultades para extender esos nombramientos.

La elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional permanece entrabada en la Asamblea Legislativa desde el pasado 16 de diciembre de 2025, fecha en que venció el nombramiento de quienes ocupaban esos cargos. La falta de un acuerdo político para votar la nómina de 18 candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia ha impedido completar el proceso y ha provocado que decenas de expedientes permanezcan sin resolución definitiva.

La posición sostenida por la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se fundamenta en los alcances de una resolución dictada por la propia Sala IV en 2023 sobre el procedimiento para el nombramiento de magistrados suplentes.

En esa oportunidad, al resolver una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los lineamientos utilizados para conformar las nóminas de candidatos, los magistrados determinaron que corresponde al Poder Judicial realizar el proceso de selección y remitir la lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa, órgano al que le compete efectuar el nombramiento.

Bajo esa interpretación, una vez enviada la nómina al Congreso, corresponde a los diputados adoptar la decisión que proceda, sin que exista la posibilidad de abrir un concurso paralelo o un nuevo proceso de selección para las mismas plazas.

Precisamente con base en esos criterios, la Sala Constitucional aclaró en mayo anterior que no existe ningún nuevo concurso para escoger magistrados suplentes y que la lista enviada a la Asamblea Legislativa mantiene plena vigencia. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia rechazó abrir un nuevo proceso al considerar que el Congreso no expuso razones objetivas que justificaran desechar la nómina originalmente remitida.

La ausencia de magistrados suplentes ha tenido un impacto directo en el funcionamiento del tribunal constitucional.

Mientras en marzo se contabilizaban 51 expedientes paralizados, para mediados de julio la cifra aumentó a 123 asuntos pendientes de resolución. Del total, 99 corresponden a recursos de amparo, 21 a acciones de inconstitucionalidad y tres a consultas constitucionales o judiciales, procesos que requieren la integración de la Sala con magistrados suplentes debido a inhibitorias de los magistrados propietarios.

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