Gilbert Jiménez pide al Ejecutivo declarar emergencia por inseguridad

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y nuevo presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gilbert Jiménez Siles, pidió al Poder Ejecutivo declarar emeregencia nacional por inseguridad.

A la vez, Jiménez exhortó al Gobierno a presentar "una agenda más robusta" en materia de seguridad para el actual período de Sesiones Extraordinarias que se extenderá hasta el próximo 31 de julio.

Jiménez hizo ambas peticiones al Poder Ejecutivo en una reciente conversación con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, tras haber sido electo como el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad.

El legislador aseguró que en su conversación con Díaz la intentó persuadir sobre la necesidad de declarar emergencia nacional por inseguridad para que las instituciones del aparato estatal puedan redireccionar parte de sus recursos para atender la creciente ola de criminalidad. 

Esta declaratoria, que se solicitó al Ejecutivo por parte de distintos sectores desde el arranque de la actual Administración, hubiera permitido una inyección de recursos de manera más expedita para todos los cuerpos policiales del país para enfrentar a las bandas delictivas, pues permitiría una mayor inversión en temas de seguridad por parte de todas las entidades públicas.

"El Gobierno tiene que saber que si no tomamos medidas extraordinarias la situación se va a agravar. No podemos perder más el tiempo. Todos los cuerpos policiales requieren más recursos y se necesita mayor presencia policial en todas las comunidades del país", dijo Jiménez en una reciente entrevista con este medio.

La agenda

Jiménez validó los recientes cuestionamientos de diputados de la oposición que catalogaron como "raquítica y débil" la agenda en materia de seguridad convocada por el Gobierno para que los diputados la discutan entre mayo y julio en el período Extraordinario.

Los congresistas de varias fracciones cuestionaron recientemente que del grupo de proyectos que fueron consensuados por los jerarcas de los supremos poderes de la República para combatir la inseguridad, el Poder Ejecutivo solo convocó 3 de estas iniciativas en las Extraordinarias.

El Poder Ejecutivo convocó para su discusión solamente los expedientes 23.690, 23.834 y 23.986. Estas iniciativas buscan reformar el procedimiento para la intervención de las comunicaciones, impulsar cambios en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y para cambiar la manera en que se dicta la medida de prisión preventiva, respectivamente.

Jiménez dijo que es necesario que el Gobierno convoque los restantes proyectos para que la Comisión pueda avanzar con su trámite, audiencias y consultas.

"Es una agenda débil, concuerdo con mis compañeros. Ocupamos una agenda más robusta que venga a responder a esta situación de emergencia. En la Comisión hay anuencia y disposición, pero no podemos avanzar si el Gobierno no amplía su convocatoria", dijo el congresista.

En la agenda de las Extraordinarias quedaron por fuera estas otras 4 iniciativas:

• Expediente 24.095: Ley para el Fortalecimiento del Marco Sancionatorio de los Delitos Cometidos con Armas de
• Fuego Expediente 24.096 Ley para Regular el Beneficio del Arresto Domiciliario con Brazalete Electrónico.
• Ley para Agravar la Penalidad del Autor, Instigador y Cómplice que Participen Personas Menores de Edad en la Comisión de Hechos Delictivos, que se presentó bajo el expediente 24.194
• Reforma a los artículos 9, 58, 59, 106 Y 109 y Adición de un artículo 79 Bis de la Ley N. 7.576 de Justicia Penal Juvenil, que se presentó bajo el expediente 24.175.

¿Y la prisión preventiva?

Desde enero pasado, los jerarcas de los 3 supremos poderes definieron que de los 10 proyectos consensuados, el que busca reformar la manera en que se dicta la prisión preventiva debía ser la prioridad.

Tras poco más de 4 meses desde que se definió esa prioridad, el expediente legislativo sigue atascado en el Congreso y con la amenaza de que tras su primer debate tenga que ir a una consulta ante la Sala Constitucional.

Las proyecciones del presidente de la Comisión de Seguridad es que los diputados puedan darle el primer debate a esta iniciativa en los próximos 15 días.

La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 23.896, pretende que las personas que son vinculadas con delitos graves no gocen de ningún beneficio, como el arresto domiciliario, el firmar por un tiempo determinado y la modalidad del brazalete electrónico, entre otras.

Los delitos contemplados en el proyecto dictaminado son: delincuencia organizada, delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra personas menores de edad, y delitos en los que medie la utilización de armas de fuego. También, se agrega la problemática del terrorismo.

Para estos cambios, el plan plantea una reforma a los artículos 239 y 239 bis del Código Procesal Penal.

En la redacción del proyecto el artículo 239 señala que el tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado cuando exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad.