Funcionario judicial pidió permiso para cita médica pero asesoró a sospechosos por contrabando
El Poder Judicial hizo el anuncio. Archivo CRH.
(CRHoy.com).- Un técnico judicial del Juzgado Penal de Pérez Zeledón, quien incluso había hecho ascensos como Juez Penal y Juez Penal Juvenil, solicitó permiso para asistir a una cita médica, pero en realidad usó ese tiempo para asesorar un grupo personas que habían sido detenidas como sospechosos de contrabando de licor.
Ante estos hechos, el Consejo Superior del Poder Judicial ratificó el despido de este funcionario, medida que fue dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial tras un proceso donde el empleado judicial no pudo demostrar, con algún comprobante, la asistencia a un centro médico.
Los hechos con los que se relaciona a este funcionario ocurrieron el 28 de mayo del 2020. Ese día, alrededor de las 6 a.m., oficiales de la Fuerza Pública de Pérez Zeledón y de la Policía de Control Fiscal, realizaron un operativo, en la comunidad de Hortensia, y detuvieron a 15 personas como sospechosas de contrabando de licor.
En ese grupo había dos hombres, a quienes el funcionario judicial les brindó asesoría legal, aunque el permiso que había pedido para ausentarse de la oficina era para una cita con un doctor.
Todas las personas fueron trasladadas hasta la delegación policial de Villa Ligia en Pérez Zeledón. El caso estaba bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de ese cantón josefino.
A las 3:21 p.m., de ese día, el hermano de funcionario despedido ingresó a la delegación y se identificó como el representante legal de los detenidos. Y varios minutos después llegó el empleado del juzgado, quien también ingresó, quedando registrado su ingreso como abogado.
"Para dicho momento el señor se desempeñaba como servidor activo del Poder Judicial nombrado en el puesto de técnico judicial del Juzgado de Pérez Zeledón, y específicamente ese día en particular contó con permiso con goce de salario para asistir a citas médicas", señaló el Tribunal de la Inspección Judicial en el capítulo de "Hechos probados".
El funcionario se incorporó al sitio donde se estaban llevando las diligencias y conversó con los asesores legales de la Policía de Control Fiscal en condición de abogado. Incluso, se indica en el acta del Consejo Superior, participó en conversaciones privadas con algunas de las personas detenidas. Estuvo por un espacio de 2 horas en ese sitio.
Ante la presencia del servidor judicial y su hermano, "se inició un comentario por parte de alguno de los miembros del cuerpo policial, en el sentido de que alguno de ellos se desempeñaba como Juez de la República".
Aunque el funcionario apeló la decisión del Tribunal de la Inspección Judicial argumentando violación al derecho de defensa; inevacualidad de los testigos; violación al principio de correlación de los hechos acusados y mala fundamentación de la prueba, entre otros, los mismos fueron rechazados por el Consejo Superior.
"Otro punto relevante dentro de la investigación es que, para el día de los hechos acusados, el encausado solicitó un permiso con goce de salario, para asistir a una supuesta cita médica, no obstante, no fue traído al proceso ningún comprobante que respaldara la asistencia a un centro médico para dicho día. Y si bien, como lo señala el recurrente, él podía desplazarse a cualquier lugar, pues contaba con permiso de su jefatura, llama la atención que se mantuviera aproximadamente 2 horas en la delegación policial", señaló el Consejo Superior.
Además, manifestaron que las declaraciones de los asesores legales de la Policía de Control Fiscal fue importante en el proceso disciplinario, ubicando la participación del funcionario judicial en los hechos.
"Consta en el informe policial, la fotografía del encausado no ‘esperando' a su hermano en una ‘banca', sino "de pie" e interactuando inclusive sin la presencia de su familiar en distintos lugares y con distintas personas dentro del recinto policial, como quedó también fotográficamente registrado", concluyó el Consejo.
