Frente Amplio propone regular secretos de Estado y limitar su vigencia
La diputada del Frente Amplio Sigrid Segura presentó un proyecto de ley que busca regular la declaratoria de secretos de Estado.
El proyecto plantea que un secreto de Estado tenga una vigencia máxima de cinco años, con posibilidad de una única prórroga por el mismo periodo, para un máximo de 10 años.
Además, establece que cualquier declaratoria deberá contar previamente con una consulta obligatoria a la Procuraduría General de la República.
También que esta figura no podrá utilizarse para ocultar acciones que constituyan o faciliten violaciones a los derechos humanos.
El secreto de Estado está contemplado en el artículo 30 de la Constitución Política, que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos para obtener información sobre asuntos de interés público, excepto los datos que sean contemplados bajo esta figura especial.
La iniciativa llega luego de que la presidenta Laura Fernández y el Ministerio de Seguridad Pública emitieran un decreto para clasificar como secreto de Estado información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Fuerza Élite y el Consejo Nacional de Seguridad.
Prohibición a ocultar compras
El proyecto también prohíbe expresamente clasificar como secreto de Estado los montos de las compras públicas y los expedientes administrativos de contratación pública realizados por la Administración.
La propuesta permitiría además que las autoridades judiciales ordenen la desclasificación inmediata de información cuando existan indicios de violaciones a garantías constitucionales.
Otro de los cambios planteados consiste en reformar el Código Penal para evitar sanciones para quienes revelen o investiguen información clasificada cuando esta permita exponer actos delictivos o violaciones a los derechos humanos.
Segura sostiene que Costa Rica mantiene una "deuda histórica" en esta materia, pues la Sala Constitucional ha advertido desde 2003, mediante varias resoluciones, sobre la necesidad de contar con una legislación específica que regule los secretos de Estado.
Según la diputada, la ausencia de una ley ha permitido que el Poder Ejecutivo recurra a decretos para clasificar información sin un marco uniforme.
El texto deberá ingresar a una comisión para iniciar su discusión.