Fiscalía ya tramita denuncia contra Chaves por contrato de Open English
Denunciados por caso Open English
El Ministerio Público analiza una denuncia contra el expresidente Rodrigo Chaves y dos jerarcas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por presuntas anomalías relacionadas con el millonario contrato para brindar enseñanza de inglés mediante una plataforma de Open English.
La Fiscalía realiza una revisión inicial para definir el trámite correspondiente y determinar si los hechos denunciados podrían configurar algún delito.
CR Hoy reveló el martes que la denuncia incluye a Chaves, al expresidente ejecutivo del INA Christian Rucavado Leandro y al actual jerarca de la institución, Edgar Oviedo Blanco, quien asumió el cargo en mayo de 2026.
El abogado José Eduardo Vargas Rivera presentó la gestión por una posible desviación o distracción de fondos públicos destinados a la enseñanza del inglés.
El cuestionamiento se centra en el servicio que el INA contrató mediante el consorcio Say Pura Vida By Open Education & RACSA, bajo un esquema de licencias para acceder a una plataforma virtual de Open English.
"Se recibió la denuncia 26-0002339-0175-PE, la cual se encuentra en revisión inicial, para determinar el proceso que corresponde.
La denuncia se interpuso en contra de tres personas de apellido Chaves, Rucavado y Oviedo, sin embargo, aún no se ha establecido un presunto delito", confirmó la Fiscalía.
El Ministerio Público deberá analizar los elementos aportados para determinar si existen hechos que ameriten una investigación penal y definir cuál despacho asumirá el expediente.
Al cierre de esta nota, la Fiscalía mantenía en trámite una consulta de CR Hoy para conocer a cuál oficina asignará el caso, debido a que la denuncia involucra a personas que ocuparon o ejercen cargos públicos.
Contrato con Open English
La denuncia plantea dudas sobre la contratación, administración, supervisión y control de los recursos que el INA destinó al programa relacionado con Open English.
Vargas solicita investigar si, antes de adjudicar el servicio, el INA contaba con estudios técnicos suficientes para demostrar la eficacia pedagógica del modelo contratado.
También pide establecer qué controles implementó la institución para determinar cuántas personas utilizaron las licencias de Open English, completaron los cursos, mejoraron su dominio del idioma u obtuvieron resultados verificables.
Además, la gestión busca esclarecer el monto total de fondos públicos comprometidos y pagados, así como determinar si alguna influencia política incidió en la contratación del proveedor privado.
El denunciante menciona como posibles delitos el tráfico de influencias, favorecimiento real y peculado.
Sin embargo, la denuncia no atribuye anticipadamente responsabilidad penal a ninguna de las personas señaladas. Vargas solicita al Ministerio Público analizar las pruebas y realizar las diligencias necesarias para determinar si ocurrió alguna conducta delictiva.
La propia Fiscalía confirmó que, hasta el momento, no ha establecido un presunto delito.