Fiscalía pide incluir peritaje en juicio contra exdiputados del PLN por aparente donación ilegal

(CRHoy.com) El Ministerio solicitó incorporar un peritaje que calculó en ¢19 millones el supuesto beneficio obtenido por el Partido Liberación Nacional (PLN) producto de la donación aparentemente ilegal de la "Casa de la Victoria", en el juicio que se sigue contra los exdiputados Antonio Calderón Castro y Óscar Alfaro Zamora.

 

La petición la planteó la mañana de este jueves el fiscal Alexánder Valverde Peña, luego de que recibiera una certificación del documento, dado a conocer dos días antes por el director del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Rónald Chacón Badilla, en la declaración que rindió como testigo del caso. El primero hizo la solicitud al segundo por correo electrónico, a fin de que este buscara una versión autenticada del peritaje.

Valverde Peña explicó que se trata de un "elemento nuevo del que no tenían conocimiento las partes", razón por la cual pidió al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José que el documento se incluyera al expediente 12-000002-0033-PE como "prueba para mejor proveer", al amparo del artículo 355 del Código Procesal Penal.

El cálculo en cuestión fue elaborado por el perito valuador Luis Alonso Flores Lobo, el 31 de agosto de 2012. Este tiene el número de referencia AV-ADM-SJ-NO-250-2012, según leyó el representante del órgano acusador.

Durante el interrogatorio a Chacón Badilla, este explicó que el documento fue solicitado al Área de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda, por orden de la Inspección Electoral, en virtud de un informe de investigación remitido por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos a la Dirección General del Registro Electoral, por una posible contribución privada de una persona jurídica.

"El peritaje establece que el monto durante esa campaña (octubre 2009-febrero de 2010), considerando valores de mercado y lo que para el perito en esa materia es de interés, este alcanzaría un valor que rondaría los ¢19 millones en cuanto al precio que hubiese tenido que pagar eventualmente el Partido Liberación Nacional si no le hubiese sido donado, facilitado o se le hubiese brindado alguna ventaja para su acción política", indicó el testigo.

Como parte de los interrogatorios, Chacón Badilla reconoció que el cálculo no le fue suministrado al Ministerio Público. Asimismo, indicó que este fue preparado a partir de consultas hechas a inmuebles cercanos con características similares y sin una inspección de la edificación.

"Circunstancia absolutamente oscura"

Precisamente ese último aspecto fue una de las críticas que usó este jueves el defensor de Óscar Alfaro Zamora, Érick Ramos Fallas. Durante el interrogatorio a Rónald Chacón Badilla, el abogado llegó a referirse al peritaje como uno "de escritorio"; término que reiteró al oponerse a la solicitud de Alexánder Valverde Peña.

"Voy a pedir rechazar estas circunstancias. Evidentemente, esta es una circunstancia absolutamente oscura. Si su autoridad se percata, la Fiscalía no hizo absolutamente nada en la etapa de investigación. (…) No hicieron ninguna investigación. Esto (la petición) no cumple con los requisitos señalados en el artículo 355.

"Que venga aquí don Rónald Chacón Badilla insistentemente a hablar de un tema de daño para propiciar que se incluyera esta prueba contradice lo que la propia acusación señala desde el 2013 (suscrita por el entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán)", manifestó el jurista.

Ramos Fallas advirtió que acoger la petición del Ministerio Público constituiría una violación al derecho de la defensa.

El defensor atacó también que el peritaje se llevó a cabo dos años después de los hechos, sin contemplar, por ejemplo, los arreglos y las ocupaciones que tuvo en ese periodo. "No hay forma de que establezcan el valor real al momento de los hechos", criticó.

Su colega Mario Soto Baltodano, defensor de Antonio Calderón Castro, cuestionó la idoneidad y experiencia de Luis Alonso Flores Lobo como perito, en el tanto que este es arquitecto y, desde su perspectiva, esta situación incumplió las reglas procesales de la materia.

Momentos antes, Valverde Peña indicó que el documento serviría como una "posible tasación sujeta a discusión", de la que además reconoció limitaciones. Además, el fiscal ofreció al perito para que rinda declaración en el debate.

Luego de escuchar las exposiciones de las partes, el juez Raymond Porter Aguilar indicó que será hasta la etapa de incorporación de prueba que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud del órgano acusador.

"Casa de la Victoria"

Óscar Alfaro Zamora es acusado de presunta donación ilegal, mientras que Antonio Calderón Castro, como secretario general de los verdiblancos, es señalado de una aparente recepción de contribuciones privada ilegales. Estas figuras están previstas en los artículos 274 y 275 del Código Electoral, que las sanciona con entre 2 y 6 años de prisión.

Específicamente, al segundo se le señala de haber inscrito -a solicitud del primero- una casa club en San José perteneciente al Chicharrín S.A. -del cual este último es socio- para la realización de actividades proselitistas de la campaña de 2010. Al recinto se le denominó "Casa de la Victoria".

Precisamente, la normativa electoral prohíbe las contribuciones de parte de las personas jurídicas, como en este caso sería esa empresa.

Tanto Érick Ramos Fallas como Mario Soto Baltodano han alegado también que no existió delito alguno.

"Este caso nunca debió llegar a juicio. Aquí no hay ninguna violación del Código Electoral, aquí no hubo ninguna vulneración al principio de transparencia en el financiamiento de la campaña de 2010. Aquí existió una investigación ayuna del Ministerio Público y una deficiente y torpe pesquisa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que se acusa es un tema de forma porque la inscripción de la Casa de la Victoria se hizo con la legislación que estaba vigente antes del Código Electoral, que era un reglamento de 2005. El nuevo reglamento es del año 2012, cuando ya habían pasado las elecciones, entonces hay un análisis incorrecto para las imputaciones particulares", declaró el primero de los defensores.

Desde la perspectiva de su colega, esto dio pie a una "aplicación retroactiva" de la ley por parte de la Fiscalía.

Sobre este particular, el fiscal Alexander Valverde Peña indicó que sobre ese punto se referirá hasta las conclusiones.