Fiscalía apela sobreseimiento en favor de Juan Carlos Bolaños
Tribunal de Hacienda ahora debe programar audiencia para conocer recurso
Juramentación de Juan Carlos Bolaños en comisión legislativa. (Archivo | CRHoy.com)
(CRHoy.com) La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República apeló el sobreseimiento definitivo -figura con la que se archiva un caso- dictado en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, por presunto falso testimonio.
El recurso fue presentado el 10 de noviembre pasado, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de CRHoy.com. "Ahora el despacho se encuentra a la espera de que se programe la audiencia respectiva", señala la respuesta proporcionada a este medio.
Ahora el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea, deberá señalar una vista para conocer los argumentos de las partes. Posteriormente entrará a resolver.
La decisión de no elevar los hechos asociados a ese delito a juicio fue tomada dos días antes de la impugnación por el Juzgado Penal de esa misma jurisdicción. Ese mismo órgano ordenó la apertura de un debate oral y público contra el empresario y en contra del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, por el viaje a Panamá que este último supuestamente recibió como dádiva de parte del primero.
En la causa 17-000015-0033-PE, la Unidad Especializada de la Fiscalía General acusó a Bolaños Rojas de un cargo de presunta penalidad del corruptor en la modalidad de cohecho propio y otro de aparente falso testimonio.
Sin embargo, el juez Rodrigo Daniel Mora Ramírez descartó ordenar el contradictorio por ese último ilícito y, en su lugar, dispuso el sobreseimiento definitivo. Esta figura se dispone cuando el hecho investigado (en este caso acusado) no era delito, no existían pruebas suficientes para proceder o porque no se puede seguir con el caso por alguna razón.
Al importador se le señaló de -en apariencia- mentir sobre su relación con Gamboa Sánchez ante el órgano director que le siguió un proceso disciplinario ordenado por la Corte Plena cuando este era magistrado de la Sala Casación Penal.
El exjuez, en cambio, es acusado de un cargo de posible cohecho propio, otro de supuesto tráfico de influencias y uno de presunto perjurio.
Además, al gerente de Sinocem Costa Rica y primo de Bolaños Rojas, de apellidos Rojas Segura, se le atribuye un cargo de aparente penalidad del corruptor en la modalidad de cohecho propio en condición de cómplice.
"Ropita de bebé"
Exmagistrado Celso Gamboa. (Archivo | CRHoy.com)
El 25 de junio de 2020, en un comunicado de prensa, el Ministerio Público detalló que la pieza formulada contra el importador Juan Carlos Bolaños Rojas y el exjuez Celso Gamboa Sánchez versaba sobre un viaje que los sospechosos llevaron a cabo entre el 9 y 10 de octubre de 2016.
Se cree que, como resultado de un beneficio otorgado, Gamboa Sánchez efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala Tercera al no inhibirse de resolver una solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE, seguida contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara Guth y Wálter Céspedes Salazar, además de Bolaños Rojas, por un posible tráfico de influencias.
La acusación señala que los gastos del tiquete aéreo y hospedaje fueron pagados por Rojas Segura a solicitud del importador. A pesar de todo lo anterior, cuando los hechos trascendieron, Gamboa Sánchez adujo que el motivo del fugaz vuelo a Panamá fue para comprar "ropita de bebé".
Por estos mismos hechos, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella -acusación privada- y una acción civil resarcitoria -figura que permite hacer un reclamo económico como consecuencia de una afectación- según informó ese despacho el 9 de agosto pasado. Las figuras le fueron admitidas a la Abogacía del Estado.
La primera achaca a Bolaños Rojas un cargo de supuesta penalidad del corruptor en la modalidad de cohecho propio y dos de presunto tráfico de influencias agravados. A Gamboa Sánchez le atribuyó un cargo de aparente cohecho propio, uno de posible incumplimiento de deberes, dos de supuesto tráfico de influencias agravados y uno de presunto fraude de ley. A Rojas Seguras le acusó de aparente penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio.
En ese sentido, también los demandó civilmente y les reclamó a los dos primeros ₡10 millones a cada uno por los daños sociales provocados, mientras que al restante le reclamó ₡5 millones. En total se solicitaron ₡25 millones.
A la determinación económica antes mencionada deberán sumársele los intereses, indexación y costas.