Fernández presentó dos proyectos iguales a otros que están en corriente legislativa
Créditos: Asamblea Legislativa
La presidenta Laura Fernández presentó este lunes en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley con propuestas similares a iniciativas que ya se encuentran en trámite desde el período legislativo anterior.
Se trata de una reforma para ampliar los delitos por los que se puede extraditar a costarricenses y otra para endurecer las sanciones por minería ilegal.
Delitos para extradición
En materia de extradición, el Gobierno anunció que el próximo 3 de agosto presentará una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar las causales de extradición de nacionales por nuevos delitos graves.
La iniciativa incorpora delitos como financiamiento del terrorismo internacional, legitimación de capitales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales, participación en organizaciones criminales internacionales y cibercrimen que comprometa la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.
No obstante, una propuesta similar ya se presentó el 17 de junio de 2025 por el entonces diputado Gilbert Jiménez, quien planteó ampliar la extradición para delitos como tráfico ilícito de órganos y células humanas, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de armas y tráfico ilícito de migrantes.
La nueva propuesta surge después de que la anterior legislatura aprobara una reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo internacionales.
Castigos por minería ilegal
En cuanto a la minería ilegal, Fernández presentó un proyecto para endurecer las penas contra quienes participen en estas actividades, especialmente en zonas como Crucitas.
La iniciativa establece penas de entre seis y diez años de prisión para quienes desarrollen, financien, dirijan o faciliten minería ilegal en áreas silvestres protegidas; de cinco a ocho años para quienes financien, organicen o obtengan beneficios económicos de la actividad; y de cinco a diez años para quienes extraigan, procesen, transporten, almacenen o comercialicen minerales obtenidos ilegalmente.
Además, las condenas podrían aumentar hasta 12 años de prisión cuando las actividades involucren maquinaria pesada, sustancias contaminantes, afectación de cuerpos de agua o daños ambientales graves.
Sin embargo, desde el 21 de setiembre de 2023 ya se encuentra en la corriente legislativa un proyecto del entonces diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, que también busca endurecer las penas por delitos ambientales cometidos por organizaciones criminales.
Esa iniciativa propone aumentar entre dos y cuatro años las penas por delitos contra la vida silvestre, los bosques, la pesca y las tortugas marinas cuando sean ejecutados por grupos organizados, mientras que para la minería ilegal plantea un agravante de entre tres y seis años de prisión. El expediente ya lo convocó el propio Gobierno durante las actuales sesiones extraordinarias.
Ambos proyectos del Poder Ejecutivo deberán ser remitidos a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para iniciar su discusión legislativa.