Exdiputadas y excanciller indagados por financiamiento irregular de campaña de Chaves
Paola Nájera y Luz Mary Alpízar, ambas exdiputadas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) acusadas de cometer delitos electorales durante la campaña presidencial de 2022, ya fueron indagadas por la Fiscalía General, junto con el excanciller Arnoldo André.
A diferencia de la exjefa de fracción Pilar Cisneros, a Nájera, Alpízar y André sí se les pudo localizar con mayor facilidad y ya acudieron con sus abogados a la declaración indagatoria, en la cual el Ministerio Público les notificó formalmente sobre la causa penal en su contra, luego de que perdieran el fuero de inmunidad que ostentaban como miembros de la Asamblea Legislativa o del gabinete.
Al perder el fuero especial de los miembros de los Supremos Poderes, el expediente penal que estaba listo para juicio tuvo que separarse. La causa que mantiene el fuero especial protege a los jerarcas Rodrigo Chaves, entonces ministro de Hacienda, y Stephan Brunner, exvicepresidente y ahora diputado, mientras que los demás involucrados pasan a la vía ordinaria.
Nájera Abarca perdió la protección especial al salir del Congreso y convertirse en presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), mientras que André Tinoco pasó a ser embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Alpízar Loaiza quedó fuera de la función pública tras su disputa con Chaves.
Cisneros Gallo pasó a ser asesora de comunicación y vocera de Gobierno. El Ministerio Público emitió una alerta migratoria en su contra para lograr notificarle una citación a declaración indagatoria, debido a que no había sido localizada en su domicilio ni por teléfono. Cisneros calificó la medida en medios como una "sacada de clavo".
En la causa también figura el exdiputado Waldo Agüero Sanabria. Todos ellos figuran en una investigación penal dirigida por la Fiscalía General sobre un presunto esquema de estructuras paralelas para financiar la campaña electoral de 2022 del entonces partido oficialista PPSD, así como la llegada de Chaves a la Presidencia de la República.
El fiscal Carlo Díaz, explicó que estas personas fueron acusadas cuando tenían fuero especial y el juicio estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia, pero todo cambió al cierre del periodo constitucional.
"Los casos de las personas que habían sido acusadas y que ya perdieron el fuero, ahora se les va a seguir un procedimiento ordinario. En un procedimiento ordinario siempre se cita a las personas imputadas para que se realice la respectiva indagatoria con su abogado y manifiesten ya sea lo que quieran manifestar o se abstengan de declarar. Precisamente en ese estado está, precisamente en la citación de ella para poder realizar la indagatoria", señaló.
La tesis judicial sostiene que el grupo más cercano al exmandatario utilizó dos estructuras paralelas de financiamiento para evadir los controles legales obligatorios del TSE, con lo que habría violentado el Código Electoral.
La principal estructura paralela fue el fideicomiso "Costa Rica Próspera", un fondo privado administrado por la fiduciaria ATA Trust Company, vinculada al excanciller Arnoldo André. La Fiscalía señala que, mediante este esquema, se captaron y pagaron gastos operativos directos de la campaña presidencial de Chaves, como alquileres de oficinas, viáticos y publicidad, sin pasar por la tesorería oficial del partido ni ser reportados al TSE.
Aunque la defensa argumentó que se trataba de un "grupo de estudio cívico" previo a la oficialización de la candidatura, las autoridades determinaron que operó con fines electorales de forma ilegal.
Paralelamente, se investiga la canalización de recursos a través de cuentas bancarias personales, como la de Sofía Agüero, hija del diputado Agüero. Se presume que estas cuentas recibieron millonarias sumas de dinero de financistas privados, como el empresario Jack Loeb, para costear propaganda y eventos de campaña de forma oculta.
La legislación costarricense sanciona con penas de 2 a 6 años de prisión las conductas que, según la investigación, se habrían cometido en este caso. El ordenamiento jurídico prohíbe que personas jurídicas (empresas) o ciudadanos extranjeros financien campañas políticas. La Fiscalía sostiene que las estructuras paralelas permitieron evadir este filtro.
Todo colón o dólar destinado a fines electorales debe ingresar obligatoriamente a la cuenta única oficial de cada partido, para efectos de fiscalización por parte de las autoridades electorales. Utilizar mecanismos externos constituiría, según la tesis de la Fiscalía, un mecanismo para ocultar el origen y destino de los recursos.
Además, se investiga si los reportes firmados y presentados bajo juramento ante el TSE contenían datos falsos o deliberadamente incompletos para ocultar a los verdaderos financistas de la campaña.
El expediente principal, donde permanecen Chaves y el exvicepresidente Brunner, se encuentra actualmente en una fase crítica de disputa legal por sus plazos y entrampado por bloqueos institucionales. El avance del caso en la Corte Suprema de Justicia se ha reportado como varado o bloqueado indirectamente.
Esto se debe a que un magistrado de la Sala IV tuvo que inhibirse de conocer asuntos relacionados con el caso y el Congreso mantiene un bloqueo político para el nombramiento de las magistraturas suplentes necesarias para destrabar las votaciones del alto tribunal.