Estos son los puntos que se están allanando por caso del Daniel Oduber

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público (MP) realizan más de 20 allanamientos en los sectores de Curridabat y Pavas (San José), Oreamuno (Cartago) y Santa Bárbara (Heredia).

Las pesquisas se desarrollan tanto en las viviendas de los imputados como en las oficinas centrales de la CNE, el MOPT y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Los detenidos son:

• Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias;
• Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes;
• Marcos Castillo, actual director de Aviación Civil; y
• Henry Villalobos, ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Estas personas son investigadas por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y tráfico de influencias, en relación con las reparaciones realizadas en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, tras el impacto de las ondas tropicales 11, 12 y la tormenta tropical Bonnie.

¿De qué trata el caso?

Según la información preliminar, los hechos habrían iniciado el 21 de junio de 2023, cuando uno de los sospechosos —como integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias— solicitó al Poder Ejecutivo incluir el cantón de Liberia entre las zonas afectadas por los fenómenos climáticos mencionados.

Aparentemente, el objetivo era gestionar procesos licitatorios bajo el régimen de excepción previsto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Se presume que esta acción buscaba facilitar la adjudicación del contrato denominado "Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós" a una empresa privada dedicada a la construcción.

La adjudicación del contrato quedó en firme el 29 de enero de 2024.

Tras ello, se iniciaron las reparaciones en la pista con base en los términos establecidos por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la DGAC. El cartel técnico contemplaba no solo la reparación de la superficie, sino también de las capas subyacentes, con el objetivo de extender la vida útil de la pista. Además, incluía la atención de todos los daños atribuidos al impacto climático.

Durante la ejecución del proyecto, la empresa constructora propuso aplicar una ingeniería de valor, alegando que algunas capas subyacentes estaban en buen estado y no requerían intervención. Esta propuesta modificaba el objeto contractual original.

Sin embargo, tanto el encargado de la unidad ejecutora como otros funcionarios de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica se opusieron a dicha modificación. Aparentemente, a partir de ese momento, comenzaron a recibir presiones por parte de los imputados.

Incluso, se habría sustituido al jefe de la unidad ejecutora —quien se oponía a los cambios— y se designó a otra persona que sí avaló la ingeniería de valor, lo que permitió ejecutar una modificación contractual en beneficio del contratista.

Según la investigación, el monto original de la licitación era de aproximadamente $40 millones, y con la modificación propuesta, el valor del contrato habría variado en cerca de $4 millones.

Los detenidos quedarán a la orden del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.