Empleados del PANI requirieron protección por amenazas de grupos criminales
Empleados del PANI han requerido protección por amenazas de grupos criminales, denuncia sindicato
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) asegura que funcionarios del PANI que trabajan en la oficina de Hatillo han tenido que recurrir a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público tras recibir amenazas que estarían relacionadas con grupos criminales.
Jeffry Hernández Rojas, asesor sindical de ANEP en el PANI, aseguró que algunos trabajadores de esa oficina han acudido a estos mecanismos, aunque afirmó que desconoce cuántos funcionarios se encuentran bajo protección.
El dirigente sindical señaló que los empleados deben realizar intervenciones en comunidades donde, según los reportes recibidos por ANEP, operan estructuras dedicadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.
"Los trabajadores han recibido amenazas durante las intervenciones. Se les ha dicho, por ejemplo, que van a llamar a estructuras que operan en el sector, presuntamente como Los Lara", afirmó Hernández.
Funcionarios rodeados por hombres armados
Hernández denunció que los riesgos no se limitan a amenazas verbales. Según afirmó, la sede del PANI en Hatillo habría recibido impactos de bala y existen reportes sobre vigilancia de los movimientos de los funcionarios, fotografías de empleados, seguimiento a vehículos institucionales y presencia visible de armas de fuego.
Uno de los hechos señalados por el sindicalista ocurrió el 6 de agosto de 2025.
"Un equipo del PANI fue rodeado por al menos cuatro sujetos con armas punzocortantes y tuvo que abandonar el lugar para proteger su integridad".
Para ANEP, este tipo de situaciones evidencia las condiciones de riesgo en las que deben trabajar los funcionarios encargados de atender situaciones relacionadas con la protección de menores.
Trabajadores ingresan solos a zonas de riesgo
El sindicato también cuestiona las condiciones en las que se realizan algunas intervenciones.
Hernández explicó que trabajadores sociales, psicólogos y abogados pueden ingresar a callejones o sectores de difícil acceso, mientras el conductor permanece en el vehículo institucional.
Según el dirigente, esto puede dejar al profesional solo dentro de una zona considerada de alto riesgo. Además, afirmó que no siempre existe disponibilidad de oficiales de la Fuerza Pública para acompañar a los funcionarios, incluso cuando se trata de intervenciones de emergencia.
El sindicato sostiene que los trabajadores se encuentran ante una situación compleja, pues deben cumplir con las intervenciones asignadas, pero al mismo tiempo enfrentan posibles riesgos para su integridad.
ANEP reclama protocolos
Hernández aseguró que ANEP recibe reportes sobre situaciones de riesgo en oficinas locales del PANI desde finales de 2024.
Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en la región del Pacífico, donde, según su denuncia, el vehículo institucional utilizado por una funcionaria recibió disparos durante una intervención.
La trabajadora se encuentra actualmente con permiso sin goce de salario debido al impacto emocional que, de acuerdo con Hernández, le provocó el incidente.
El sindicato también señala que el 8 de octubre de 2025 recibió una comunicación de la Dirección Regional San José Sur en la que se reconocía la falta de rutas claras de protección para los funcionarios ante escenarios como crimen organizado, zonas de alto riesgo, amenazas, homicidios, reclutamiento de menores para actividades delictivas, drogas y violencia.
El sindicato pide al PANI establecer procedimientos específicos para las intervenciones en zonas de alto riesgo, mecanismos de alerta y coordinación efectiva con la Fuerza Pública y el OIJ.
También solicita acompañamiento de seguridad cuando las condiciones lo ameriten y apoyo psicológico para los funcionarios que han estado expuestos a situaciones de violencia o intimidación.
Hernández insistió en que los trabajadores deben contar con condiciones de seguridad que les permitan cumplir con su labor de protección de menores sin poner en riesgo su propia integridad.
CR Hoy consultó al PANI sobre estas denuncias; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.