Docentes con discapacidad visual plantean propuestas al MEP para garantizar la continuidad laboral
Un grupo de docentes con discapacidad visual presentó este miércoles 15 de abril a la viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) Sofía Ramírez, un documento con reformas concretas que, según advierten, son necesarias para poder continuar ejerciendo la docencia en el país, ante un sistema que —afirman— los empuja fuera de las aulas.
El grupo está integrado por ocho docentes de distintas regiones, todos con discapacidad visual. Aseguran que enfrentan un problema que va más allá de la falta de recursos y responde a barreras estructurales del sistema educativo que aún no se resuelven.
La propuesta, a la cual este medio tuvo acceso, fue expuesta durante la comparecencia de los docentes ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, donde denunciaron el incumplimiento del MEP de las órdenes giradas por la Sala Constitucional para garantizar apoyos en el aula.
Según señalaron, esta iniciativa surge tras años de denuncias por falta de apoyos, incumplimiento de resoluciones y barreras dentro del propio sistema educativo. Ahora, el colectivo plantea una hoja de ruta para corregir lo que consideran un modelo que, en la práctica, dificulta su permanencia en las aulas.
El documento se estructura en cuatro ejes temáticos que abordan los principales problemas detectados y plantean soluciones específicas para cada uno.
Nombramientos sin condiciones mínimas
Los docentes señalan que, aunque el Estado cumple con la contratación de personas con discapacidad, según lo establecido en la legislación vigente, el sistema falla en garantizar condiciones para mantenerse en el puesto.
Aseguran que los nombramientos se realizan sin considerar aspectos básicos como la accesibilidad del centro educativo, las condiciones del entorno o la disponibilidad de transporte.
Ante esto, proponen reformar el proceso de contratación para que sea accesible desde el inicio, incluyendo pruebas, entrevistas y nombramientos. Además, plantean realizar un mapeo previo de accesibilidad antes de asignar plazas y convertir la "hoja de funcionalidad" en un instrumento vinculante que obligue a garantizar los apoyos requeridos.
Apoyos que quedan en papel
Los docentes advierten que la falta de presupuesto, la burocracia y la ausencia de controles efectivos provocan que los ajustes razonables, aunque sean reconocidos mediante informes técnicos, no se ejecuten o se retrasen durante años.
Entre las medidas planteadas se incluye la creación de una partida presupuestaria específica para financiar tecnología accesible, equipos especializados y adecuaciones físicas.
También proponen fortalecer el equipo del MEP encargado de estos casos, dar carácter obligatorio e inmediato a los informes técnicos y establecer mecanismos de fiscalización en sitio que verifiquen el cumplimiento real.
Un modelo de apoyo que falla en el aula
Los docentes cuestionan el uso de personal reubicado por razones de salud como apoyo en el aula, al considerar que no cuenta con la formación ni las condiciones necesarias.
Señalan que esta medida no garantiza un acompañamiento efectivo y, en algunos casos, incluso genera más dificultades en el proceso educativo.
En su lugar, proponen la creación de perfiles técnicos especializados, como asistentes visuales, intérpretes de Lengua de Señas Costarricense (Lesco) y personal capacitado en apoyo a personas con discapacidad.
El objetivo es asegurar un acompañamiento profesional en el aula que permita a los docentes desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones.
Sin sanciones por incumplimientos
El documento también señala la falta de consecuencias ante el incumplimiento de derechos, al indicar que las denuncias por discriminación o negación de ajustes razonables suelen prolongarse por años o resolverse sin sanciones.
Esto, advierten, genera un ambiente de impunidad dentro del sistema educativo.
Ante este escenario, plantean reformar el régimen disciplinario para tipificar la negación de ajustes razonables como una falta grave. Además, proponen aplicar procesos más ágiles en casos de discriminación, capacitar a funcionarios en normativa sobre discapacidad y reforzar la ejecución de resoluciones judiciales, especialmente en casos de desacato.
Los docentes advierten que, sin cambios estructurales, el sistema continuará generando barreras que dificultan su permanencia en el aula, pese a contar con el derecho de ejercer la profesión.
