(CRHoy.com) -Diputados cuestionan que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) -una de las entidades públicas con números rojos– administre el crédito internacional para el ambicioso tren eléctrico que el Gobierno quiere echar a andar.

Aunque aclaran que están a favor del desarrollo de infraestructura para resolver la crisis vial del país, reconocen que el empréstito no debe ser administrado por una institución deficitaria y con poca capacidad técnica.

Así lo sostienen los legisladores Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), y los independientes Erick Rodríguez y Zoila Volio.

El proyecto estrella de la administración de Carlos Alvarado se financiará con un empréstito suscrito por Costa Rica con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $550 millones aprobado desde el 30 de octubre de 2019.

El crédito tendrá que ser aprobado por el Plenario Legislativo, pero desde ya surgen dudas en el Congreso.

Incluso, la Comisión de Infraestructura citó en audiencia a la primera dama de la República, Claudia Dobles, y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, para que expliquen detalladamente el proyecto.

Además, a la presidenta ejecutiva del Incofer, Elizabeth Briceño, así como a Álvaro Alfaro y Mauricio Chacón, representantes del BCIE.

Cuestionan capacidad

Los congresistas cuestionan la capacidad del Incofer para la administración del préstamo para el llamado Tren Rápido de Pasajeros (TRP).

El Incofer es una de las instituciones que el mismo Gobierno incluyó en una lista de entidades con números rojos para evaluar su situación financiera.

La legisladora Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que el tema de la administración del empréstito del tren, por parte del Incofer, "ciertamente es uno de los puntos que debe revisarse en la discusión del proyecto".

Esto, "porque la Unidad Ejecutora actual, contratada por el BCIE, que revisa el estudio de factibilidad, no será la que ejecute toda la obra ni la supervisión de la concesión. Esta labor de supervisión es trascendental para el adecuado funcionamiento, en el cual se debe verificar el recurso humano especializado que tenga la entidad o la forma que pretende cumplir está función", amplió.

Comentó que "son temas, que acompañados del asunto del monto del subsidio anual, deben ser profundizados para asegurar el adecuado manejo de una obra de enorme envergadura y transcendencia para el país. En estos dos puntos principalmente recae mi interés y de ellos estaré pendiente. Estaré pendiente de la firme fiscalización y el manejo de los recursos durante la discusión del empréstito", anunció.

La diputada Shirley Díaz, subjefa de la fracción parlamentaria del PUSC, reconoció que una de las preocupaciones que tiene es otorgar la administración del proyecto al Incofer, además de qué tipo de tren se le dará.

"¿Tiene capacidad el Incofer para manejar ese tren? ¿Tiene capacidad el Incofer para pagar los subsidios que se van a originar de la construcción de ese tren? ¿Tiene el país la necesidad imperante de que el tren tenga las dimensiones que se están planteando? ¿Tiene el país la capacidad en sus puentes y en las condiciones en las que se va a construir la línea férrea para soportar ese tren o es mejor buscar una opción más económica que cumpla por etapas con la necesidad que tiene el país de un tren eléctrico?", interrogó la socialcristiana.

Díaz cuestionó si este es el mejor momento para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso y si las características de lo que se plantea es "lo que el país necesita".

La legisladora Floria Segreda, del PRN, aseveró que el Incofer no está capacitado para administrar el proyecto no solo por su situación financiera.

"El Incofer no está preparado para poder manejar, además, la tecnología y lo que el nuevo tren eléctrico representa", expresó.

Mencionó que hay debilidades que se deben perfeccionar como la concesión y no dejar solamente al Incofer para que se encargue del tren eléctrico.

En desacuerdo

La diputada independiente Zoila Volio manifestó que no está de acuerdo con que el Incofer administre el crédito internacional.

"Si vamos a hacer una inversión tan grande, tiene que ser una institución que haya tenido experiencia en esto y que lo sepa manejar bien", señaló.

Preguntó que quién puede garantizar que el proyecto funcionará bien bajo la administración de una "institución tan fracasada".

"Estoy de acuerdo con el préstamo y con la infraestructura. Pero no pongamos al Incofer a administrar eso. ¡Es crónica de una muerte anunciada!, diría yo", amplió.

El también independiente Erick Rodríguez reconoció que tiene varias preocupaciones sobre el proyecto.

"Me preocupa el endeudamiento que esto va a representar y lo otro es el asunto del subsidio que el Gobierno pretende dar para la tarifa en momentos de crisis fiscal, como la que estamos viviendo", mencionó.

Comentó que también el Gobierno ha defendido el proyecto con falacias.

Citó que, por ejemplo, el Gobierno ha dicho que las presas viales representan el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero es falso pensar que con el tren eléctrico el país se ahorraría ese mismo porcentaje.

"Eso implicaría que todo el mundo viaje en tren y que no hayan presas en el país. El tren vendría a solucionar una parte, pero no el 3,8% del PIB como se ha dicho. Estoy a favor de la obra pública y la reactivación de la economía, pero aquí lo que tenemos que ver es que lo realmente reactiva la economía es el sector privado. Lo que ocupamos es que las empresas vuelvan a crecer y contratar personas", añadió.

¿En qué consiste?

El Tren Eléctrico de Pasajeros busca modernizar la conexión férrea entre Ciruelas de Alajuela y Paraíso de Cartago, además del casco central de la Gran Área Metropolitana (GAM), a través de 84 kilómetros de línea férrea.

Se prevé la construcción de 46 estaciones (10 de ellas intermodales), así como viaductos y pasos a desnivel en los principales puntos de intercambio vial.

El sistema será 100% eléctrico y bidireccional y, según las estimaciones, permitirá una reducción sustancial en los tiempos de viaje en la GAM.

La obra tendrá un costo total de $1.500 millones.