Diputados buscan acuerdo para acelerar 5 leyes contra la criminalidad
Congresistas discutirán cómo despejar su discusión y aprobación en las próximas semanas
Los diputados tienen trabajo por hacer para combatir la ola de criminalidad y violencia que azota al país. En el plenario legislativo está pendiente la discusión y aprobación de cinco proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen.
Estas cinco propuestas han sido incluidas en la agenda del plenario luego de que, en las últimas tres semanas de marzo, fueran dictaminadas por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, permitiendo así su avance hacia la discusión y votación en el plenario.
Las iniciativas contemplan la prohibición de que dos personas viajen en motocicleta en determinadas zonas y horarios, el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales, la posibilidad de que los cuerpos policiales del Poder Judicial realicen allanamientos las 24 horas del día, la creación de un fondo de recompensas para quienes ayuden a localizar criminales y la obligatoriedad de que todos los cuerpos policiales declaren sus bienes ante la Contraloría General de la República (ver detalle de las propuestas abajo).
Antes de que estos proyectos sean discutidos a fondo y sometidos a votación en el plenario, deben cumplir con varias etapas del proceso legislativo, como la posibilidad de que los diputados presenten mociones con propuestas de cambios.
Ante la crisis de inseguridad que atraviesa el país, diputados de distintas fracciones legislativas están impulsando un consenso entre todas las bancadas para priorizar la discusión de estos proyectos en la agenda del plenario y someterlos a votación con prontitud, ya que actualmente hay otras iniciativas en espera.
La diputada independiente y miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas Montero, mencionó que los legisladores tienen la obligación de acelerar la discusión de estas propuestas, especialmente porque, según su perspectiva, el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles no está enfrentando la criminalidad ni ha mostrado disposición para dialogar con los demás supremos poderes de la República en busca de soluciones.
"Debemos sentarnos a discutir la manera en que podemos agilizar la discusión de estos proyectos, que son muy importantes en medio de la grave crisis de inseguridad. Nosotros, los diputados, no podemos darnos el lujo de demorar esta legislación frente a un presidente y un Poder Ejecutivo que no están haciendo absolutamente nada para combatir el crimen y que, más bien, atacan a las autoridades del Poder Judicial. No podemos atrasar esto y debemos encontrar la forma de destrabar la agenda", apeló Navas.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, coincidió con Navas y dijo que es necesario construir un acuerdo para acelerar la aprobación de estas iniciativas antes del 30 de abril, fecha en que concluye el período de sesiones ordinarias y se da paso a las extraordinarias, en las cuales el control de la agenda legislativa quedará en manos del Poder Ejecutivo.
"Es sabido que en las sesiones extraordinarias las prioridades del Gobierno son otras y que estas no responden a las demandas de los costarricenses. También es sabido que el presidente Chaves y su gobierno han renunciado a buscar soluciones contra la criminalidad. En este escenario, somos los diputados quienes estamos llamados a asumir la responsabilidad. Estos proyectos deben ser aprobados con prontitud", afirmó Izquierdo.
¿Otras sesiones maratónicas de seguridad?
El año pasado, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, impulsó una serie de "sesiones maratónicas de seguridad". Estas consistieron en días específicos de la semana en los que el plenario legislativo se enfocó exclusivamente en discutir proyectos de seguridad para acelerar su trámite.
Gracias a esta estrategia, se avanzó con propuestas importantes, como la ley que sanciona los créditos y extorsiones bajo la modalidad "gota a gota" y el plan para modernizar el reglamento sobre la intervención de las comunicaciones en casos de narcotráfico, entre otros.
CRHoy consultó por escrito a Arias sobre la posibilidad de implementar nuevamente esta estrategia para priorizar la discusión de estas iniciativas en las próximas semanas. Las consultas aún están en proceso de trámite.
¿Qué proponen los cinco proyectos de seguridad que llegaron al plenario?
1. Prohibición de que dos personas viajen en motocicleta
Busca reducir los asesinatos cometidos por gatilleros que utilizan motocicletas.
Establece una restricción temporal en horarios específicos, definidos por las autoridades.
La prohibición se aplicará en determinadas provincias, cantones o distritos donde se justifique por razones de seguridad.
Tendrá un período de vigencia de hasta un año y podrá ser prorrogada una sola vez por el mismo plazo mediante decreto ejecutivo de emergencia.
Para su implementación, el MOPT deberá informar a la población con al menos 48 horas de anticipación.
Se dictaminó el 6 de marzo.
2. Agilización del levantamiento del secreto bancario
Acelera los procesos de levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales.
Modifica la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones y la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Reduce el plazo para resolver estas solicitudes a un máximo de 10 días naturales.
Se dictaminó el 6 de marzo.
3. Allanamientos las 24 horas del día
Modifica las regulaciones actuales, que permiten allanamientos solo entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., salvo casos graves o urgentes.
Permite a las autoridades judiciales realizar allanamientos en cualquier momento del día.
Modifica el artículo 193 del Código Procesal Penal.
Se dictaminó el 12 de marzo.
4. Fondo de recompensas para quienes ayuden a capturar criminales
Crea un fondo de recompensas para quienes brinden información clave sobre delincuentes prófugos.
Será administrado por una comisión liderada por el fiscal general y el director del OIJ.
Los criterios para determinar los montos y pagos de recompensas se definirán mediante reglamento.
La recompensa estará exenta del pago de impuestos y tasas.
La información proporcionada debe ser certera y verificable.
Se dictaminó el 17 de marzo.
5. Declaración de bienes obligatoria para todos los policías
Obliga a todo el personal del OIJ, la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria a presentar una declaración de su situación patrimonial ante la CGR.
Actualmente, esta obligación solo recae en magistrados, jueces, fiscales y altos funcionarios.
Responde a una solicitud de las autoridades del Poder Judicial para prevenir la corrupción en los cuerpos policiales.
Reforma el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Se dictaminó el 17 de marzo.


