Diputados aprueban en primer debate el proyecto de la marina de Limón
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, con el voto de 54 diputados, el proyecto de ley que permitirá a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) desarrollar alianzas estratégicas para facilitar la construcción de obras de infraestructura como la Marina y la Terminal de Cruceros de Limón, tras una serie de textos acordados entre el oficialismo y el bloque democrático.
La iniciativa reforma el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva y retoma una propuesta impulsada por la exdiputada del PUSC, María Marta Carballo, luego de que parte de su contenido se incorporó en la extinta Ley Jaguar, declarada inconstitucional en dos ocasiones. El objetivo es ampliar las posibilidades de alianzas estratégicas y otros mecanismos de cooperación para proyectos en la provincia.
Esto ocurre luego de que versiones anteriores del proyecto fueran cuestionadas por no establecer con claridad los controles, mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas aplicables a la ejecución de obras de infraestructura en terrenos administrados por Japdeva.
Mayores controles para Marina
A inicios de junio, el Congreso aprobó un primer texto sustitutivo, cuyos principales cambios se mantienen:
- Un esquema de mayor fiscalización estatal y rendición de cuentas.
- Las alianzas estratégicas estarán exentas de los procedimientos ordinarios de contratación pública, pero deberán respetar los principios de transparencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia y rendición de cuentas.
- Los proyectos construidos en terrenos de Japdeva no podrán dejar de ser dominio público, ni venderse, arrendarse o gravarse.
- Las alianzas y los procesos de contratación serán regulados mediante un reglamento específico derivado de la ley.
- Se mantendrá la fiscalización de la Contraloría General de la República y el refrendo del ente contralor sobre los contratos.
- Se establecerán mecanismos para clarificar qué entidad otorgará las concesiones para las obras.
- Se incorporan disposiciones para resguardar el patrimonio natural de Costa Rica.
Canon de fiscalización
Un segundo texto, avalado el pasado lunes, incorporó la creación de un canon obligatorio para financiar la supervisión, fiscalización y seguimiento de los proyectos. El socio o aliado estratégico deberá aportar un monto no menor al 1,5% de los ingresos brutos generados por cada alianza.
José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, explicó que este canon permitirá a Japdeva fortalecer el seguimiento de los contratos suscritos con los socios estratégicos. Según indicó, la figura surgió a partir de una observación de la Contraloría General de la República.
Además, destacó que los acuerdos y modificaciones de textos anteriores permiten blindar el proyecto para que se construyan obras sin que sean asignadas "a dedo" o que se contraten a "amigos o amigotes".
"Queremos que se haga bien, que se haga sin chorizos", manifestó Villalta.
"Lo que sucede con las alianzas público-privadas que hacen nuestras instituciones es que otorgan un contrato de concesión o algún otro tipo de figura de alianza, pero después no existe capacidad suficiente para dar seguimiento a la ejecución de ese contrato", señaló el legislador.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), señaló la importancia de construir dicha obra en Limón. Al tiempo que, recordó a Pueblo Soberano (PPSO) que aunque sean mayoría les corresponde negociar con las otras fracciones legislativas.
Ronald Campos, diputados del PLN, y Edgardo Araya, del FA, coinciden en que no se debe polemizar sobre el proyecto. Esto luego de que la diputada del PPSO, Kattia Calvo, se quejó sobre que el plan debía aprobarse por Congresos anteriores y no en la presente legislatura, pese a los acuerdos alcanzados en el actual período.
Cada alianza deberá contar con la autorización y aprobación final del Consejo de Administración de Japdeva. El plazo máximo de estos acuerdos será de hasta 50 años, aunque la duración deberá justificarse en cada caso mediante estudios técnicos y económicos, según la magnitud de la obra y su modelo financiero.
Ahora, el texto se votará en segundo y último debate el próximo jueves 25 de junio.
