Desnudan otro “fallo más” del servicio público de buses en la GAM

(CRHoy.com). El servicio público de autobuses en la Gran Área Metropolitana (GAM) adolece de un vacío más: no hay una integración organizacional ni una contribución a la eficiencia del servicio.

Así lo advierte un reciente informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), con fecha del 12 de diciembre de 2019.

En un mundo ideal, el sistema de transporte público de pasajeros integrado en la modalidad autobús se debe vincular con éxito a otros modos de transporte (como el tren o los peatones) y constituye "una necesidad imperante para la movilidad de personas".

"La integración organizacional, adquiere gran relevancia al impactar positivamente la ejecución articulada, entre los diferentes actores, en términos operacionales y físicos, de las acciones de la política pública asociada a la propuesta de un Sistema Integrado de Transporte Público Masivo del Plan Regional Urbano de la GAM de Costa Rica, buscando el compromiso real de los ejecutores ante la sociedad, dentro de un proceso único y coherente que procure el consenso y la conjunción hacia una visión intersectorial e intergubernamental (relaciones entre la Administración Pública Nacional y la Administración Pública Municipal), y que a su vez, permita la rendición de cuentas y el seguimiento de la gestión", detalló la CGR, en el informe DFOE-IFR-IF-00013-2019.

Así las cosas, es en este apartado donde el entramado estatal queda debiendo, pues el ente contralor determinó que existe un nivel "incipiente-bajo" en la eficacia de la integración organizacional del servicio de transporte público remunerado de personas en la modalidad autobús.

"Debido a que la gestión del Rector del Sector de Infraestructura y Transporte (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) no logra niveles de cooperación, coordinación y menos aún colaboración en el ciclo de la política pública, con una visión sectorial, intersectorial e intergubernamental con enfoque intermodal, por lo que la gestión requiere "acciones inmediatas de mejora" por parte del rector en conjunto con las entidades y órganos que lo conforman, así como otras entidades con competencias a nivel local y de regulación", indicó el informe.

Los vacíos

• Debilidades en la inclusividad en la formulación y evaluación de la Política Pública: alcanza un nivel de 5.76% en una escala de 100. Participan solo 5 de 22 actores identificados en el proceso de construcción de la política pública.
• Arreglos o acuerdos comunes de gobernanza en la ejecución de la política pública: alcanza un nivel de de 8.48% en una escala de 100. Según la CGR, se evidenció la falta de formalidad en el respaldo de los máximos jerarcas de las instituciones del sector y de los actores intersectoriales e intergubernamentales que intervienen en la ejecución de las acciones definidas a nivel operacional y físico, ausencia de objetivos claros, de estructura y mecanismos formales que regulen la discusión y toma de decisiones entre las partes, así como la priorización, programación y distribución conjunta de acciones con base en un fin común.
• Control presupuestario en la ejecución de la política pública: alcanza un 0% de 100, pues existe una ausencia de presupuestos específicos orientados a los objetivos establecidos y asignados a la modernización del sistema de transporte público en modalidad autobús, dependiendo de la disponibilidad de los actores del sector para ejecutar las acciones oficializadas por el ministerio.

"La desarticulación de esfuerzos con esas entidades y órganos impacta en cuanto no se logra una participación inclusiva de los actores sectoriales, intersectoriales e intergubernamentales, en la formulación y evaluación de la política pública, y en la fase de ejecución de esa política no existen recursos conjuntos (financieros, humanos, información, tecnología) y se carece de presupuestos orientados a objetivos uniformes responsables de las dimensiones de integración operacional y física, aunado a debilidades en materia de arreglos o acuerdos de gobernanza relativa a las instituciones del sector, así como dificultades de articular esfuerzos con otros entes de derecho público o privado, y las municipalidades, lo que incide en las acciones de modernización", expuso la CGR.