Denuncian a Chaves por posibles delitos de obstaculización de la justicia e instigación pública
Señalamientos, en marco de caso "Barrenador", provienen de fundador del PPSD
El presidente, Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Presidencia, Laura Fernández (CRH)
José Eduardo Vargas Rivera, quien se identifica como fundador del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), solicitó al Ministerio Público investigar a Rodrigo Chaves, presidente de la República, y a Laura Fernández, ministra de Presidencia, por presuntas situaciones irregulares derivadas de la causa penal seguida contra altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Vargas Rivera, profesional en Derecho, urgió a las autoridades esclarecer posibles delitos de incumplimiento de deberes, instigación pública y obstaculización de la justicia ligados a la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación a 5 cooperativas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) de 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana (GAM).
La adjudicación es investigada por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tiene como foco la junta directiva que concretó el proceso, la cual estuvo encabezada por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez como presidenta ejecutiva.
El lunes 23 de setiembre hubo múltiples allanamientos y detenciones contra los altos mandos de la entidad. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señaló que Esquivel y los directivos adjudicaron la administración de 138 Ebais a las cooperativas antes citadas, en detrimento de otro procedimiento de contratación que estaba en curso desde 2021 y con un sobreprecio de ₡12.400 millones anuales.
Tras los allanamientos, ese mismo día, Fernández protagonizó un video divulgado por Casa Presidencial en el que respondían a las acciones judiciales y calificaban el trabajo del Ministerio Público como un "show" con "abuso de poder".
Dos días después, en una conferencia de prensa celebrada el miércoles 25 de setiembre, el presidente Chaves continuó los ataques hacia el Ministerio Público y señaló a Carlo Díaz, Fiscal General de la República, de "abuso de autoridad" al desplegar las acciones judiciales. Acto seguido, el mandatario hizo alusiones al nombre y la edad del juez encargado de resolver la petición de medidas cautelares contra Esquivel Rodríguez y los demás imputados en la causa.
Los señalamientos de Chaves fueron refutados por la Fiscalía General y por el OIJ. Incluso, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) denunció una "presión inaceptable" y una "grave intromisión" del mandatario en la labor del juez a cargo de la fijación de medidas cautelares.
Vargas presentó la denuncia penal el 26 de setiembre y señaló a la ministra Fernández por incurrir en una aparente instigación pública a partir de las declaraciones oficiales brindadas el lunes 23 de setiembre en el video divulgado en los canales de comunicación de Casa Presidencial. En ese sentido, la denunció por presuntamente obstaculizar la investigación penal mediante la instigación pública.
El denunciante agregó que Fernández habría procurado afectar la independencia del Poder Judicial y habría pretendido obstaculizar la investigación a través de la intimidación de funcionarios de la CCSS.
Un señalamiento similar hizo sobre el presidente Chaves, tras manifestaciones públicas vertidas por el mandatario los días 24 y 25 de setiembre.
"Rodrigo Chaves Robles ha utilizado su investidura de presidente y ha utilizado su cargo de funcionario público y su tiempo como funcionario público en horas de trabajo, y hasta las instalaciones y equipo de Casa Presidencial, para cometer intimidación pública y de esa manera hacer discursos de odio contra el Poder Judicial y contra los funcionarios que investigan el caso 'Barrenador', colocando con ello en peligro la vida de los funcionarios públicos y sus familias", detalla un extracto de la denuncia penal.
El sábado 28 de setiembre, Vargas hizo una ampliación de la denuncia penal y pidió investigar el aval dado por Marta Eugenia Esquivel el día 25 de setiembre (un día después de quedar en libertad tras haber estado detenida) al nombramiento de María de los Ángeles Gutiérrez como gerente general a.i. de la CCSS. Precisamente, Gutiérrez también es una de las personas imputadas en el caso "Barrenador".
El denunciante mencionó que Chaves debe de remover del cargo a Esquivel Rodríguez por mientras continúa la investigación, pues existen sospechas concretas sobre la posible intimidación de testigos y la eliminación de prueba trascendental para el caso.
La denuncia se tramita bajo el expediente 24-002093-0175-PE.
Allanamientos por el caso de la CCSS y la adjudicación a las cooperativas. CRH
El caso
La Fiscalía sostiene que los imputados en el caso "Barrenador" anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las 5 cooperativas adjudicadas: Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco
Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.
Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación concretada el 6 de julio.
Todos fueron puestos a las órdenes de la Fapta para ser indagados y luego, tras quedar en libertad, enfrentaron en la última semana la audiencia de solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.
Durante el 23 de setiembre, se realizaron en total 28 allanamientos, en distintos puntos del país, como parte de la investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.