Corte aprueba reglamento para nombramientos y ascensos de fiscales
La Corte Suprema de Justicia aprobó un reglamento presentado por la Fiscalía General para regular los nombramientos de fiscales que trabajan para el Poder Judicial. Los magistrados dieron el visto bueno a las nuevas reglas este lunes.
El nuevo reglamento establece el procedimiento para el nombramiento en propiedad del personal, específicamente en los puestos de fiscal auxiliar, fiscal y fiscal adjunto de tres niveles. Se fundamenta en la ley que otorga al fiscal general la potestad discrecional, pero no arbitraria, de efectuar nombramientos y ascensos con base en estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
La fiscala subrogante Karen Valverde expuso que la norma garantiza la imparcialidad, la perspectiva de género, la no discriminación y el reconocimiento de los riesgos inherentes a la función fiscal.
El proceso de selección se basa en la idoneidad comprobada, lo que exige una evaluación objetiva, la valoración de la dimensión ética y la aptitud del personal para desempeñarse en escenarios de alta exposición y presión, propios de la persecución penal.
La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, destacó la importancia de aprobar el reglamento para los nombramientos en propiedad del personal fiscal. Señaló que la normativa refuerza la labor del Ministerio Público al garantizar que las personas nombradas cuenten con los conocimientos técnicos, las habilidades blandas y las capacidades de gestión necesarias.
Además, afirmó que esta herramienta brinda a la ciudadanía la garantía de que las personas designadas son idóneas y están capacitadas. También establece reglas claras para los ascensos y la designación de quienes trabajan en la institución.
Para garantizar el bienestar de los funcionarios, los nombramientos en propiedad estarán vinculados con medidas de protección física, acompañamiento institucional, apoyo psicosocial y protocolos de seguridad. Para alcanzar la calificación mínima de elegibilidad, fijada en un 80%, los candidatos serán evaluados mediante tres ejes.
El primero, con un peso del 50%, corresponde a la idoneidad académica y profesional. Este rubro contempla el resultado del proceso de reclutamiento (60%), la posesión de un grado académico superior a la licenciatura (10%), los cursos de formación y especialización (20%) y la experiencia previa como fiscal (hasta un 10%).
El segundo eje mide la idoneidad sociolaboral y representa el 30% de la calificación. Se enfoca en la conducta y el liderazgo, y comprende la evaluación del desempeño (15%), los cursos de habilidades blandas (10%) y una entrevista (5%).
Finalmente, la idoneidad administrativa aporta el 20% restante. Este componente evalúa el cumplimiento de metas (15%) y el dominio de herramientas tecnológicas (5%).
En materia de ascensos, el reglamento exige cumplir los requisitos legales, acreditar la idoneidad y someterse a una valoración psicosociolaboral. La decisión final se tomará a partir de una terna conformada por las cinco personas mejor evaluadas.
Para los puestos en fiscalías especializadas, también se exige un mínimo de dos años de experiencia en la materia. La normativa entrará en vigor una vez que se realicen los ajustes necesarios en los sistemas de información. Mientras tanto, los concursos que ya estaban activos continuarán rigiéndose por las reglas anteriores.
Finalmente, el reglamento establece el recurso de reconsideración como única vía de impugnación contra la decisión final sobre los nombramientos en propiedad.