Marta Acosta, contralora general de la República. (Cortesía/Asamblea Legislativa).

(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención este martes sobre poca transparencia en la liquidación presupuestaria de 2021 presentada por el Gobierno.

Así lo manifestó la contralora, Marta Acosta, en una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que discute el informe de rendición de cuentas de la Hacienda Pública sobre el cual la entidad fiscalizadora emitió un criterio adverso.

"La liquidación presupuestaria de 2021 reafirma una tendencia poco transparente a no incluir gastos, pese a haberse recibido el bien o servicio, en contraposición a importantes principios presupuestarios y con incidencia en la medición del desvío respecto de los límites que impone la regla fiscal", sostuvo la jerarca de la Contraloría.

Mencionó erogaciones hechas por los ministerios de Educación Pública (MEP), Hacienda, Obras Públicas y Transportes (MOPT), Seguridad y Salud.

También puntualizó errores de clasificación por ₡14.086 millones en ingresos tributarios y recursos de créditos externos aprobados por el Congreso no incluidos en el presupuesto 2021, por la suma de ₡402.859 millones.

Acosta dijo que el dictamen de la liquidación presupuestaria 2021 constituye "un insumo para llamar a cuentas y para tomar decisiones respecto del próximo ciclo presupuestario".

"Hasta ahora, cuando el Plenario Legislativo ha improbado la liquidación del presupuesto, no ha habido ningún tipo de consecuencias políticas", expresó.

Deuda y regla fiscal

Jerarcas de la Contraloría General de la República. (Cortesía/Asamblea Legislativa).

La Contralora recodó que 2021 fue un año de recuperación y de mejora en algunos indicadores macroeconómicos producto de un mayor dinamismo de la economía y de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Pero indicó que la deuda del Gobierno sigue creciendo a un ritmo mayor que la producción y estrujando la disponibilidad presupuestaria para financiar los gastos operativos y de inversión, lo cual deteriora los presupuestos públicos y la calidad de la vida de las personas.

Acosta también insistió en el incumplimiento de la regla fiscal en 2021 por parte del Gobierno y 21 entidades.

"Si bien es cierto que la aplicación de la regla fiscal es imperativa, es fundamental buscar vías para incentivar su cumplimiento, siendo que la sanción no debería ser la única forma de lograrlo, aparte de que genera costos altos y no garantiza que el país se enrumbe hacia la sostenibilidad", agregó.