Diputados chocan con interpretación legal de jueza que puso en libertad a presuntos narcos

(CRHoy.com). Los diputados de la comisión legislativa que investiga presuntos actos de corrupción en el desarrollo de obras viales externaron su preocupación con la decisión de una jueza del Juzgado Penal de La Unión que puso en libertad a 25 imputados ligados con la aparente banda criminal conocida policialmente como "Los Gary".

La resolución de Cabezas Arce se escudó en la presunta derogación del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, dictada en el llamado "Caso Cochinilla", aunque el Poder Judicial y el Ministerio Público ya señalaron con contundencia que dicho artículo no está derogado.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA) y miembro del foro legislativo, expuso la preocupación sobre este tema durante la sesión de este jueves 3 de marzo y subrayó que esto tendría repercusiones directas en investigaciones por casos de corrupción, tales como "Cochinilla" o "Diamante".

"Resulta que esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley contra el Crimen Organizado y después aprobó 2 leyes que la modificaron. Nunca fue la intención ni el objetivo, de esas leyes, eliminar el procedimiento para la declaratoria de crimen organizado.  Sin embargo, así lo están interpretando ya 2 juzgados. No podemos quedarnos callados y la Asamblea Legislativa debería moverse para hacer una aclaración o una interpretación auténtica", comentó el legislador frenteamplista.

La posición de Villalta también fue reforzada por Enrique Sánchez Carballo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien consideró que los jueces están haciendo una interpretación inadecuada de los procedimientos avalados por los diputados.

"Hay decisiones que tenemos que tomar para atender este caso. Aunque yo, particularmente, no coincido con el enfoque que han dado estos juzgados. Cuando nosotros aprobamos la vacancia para entrada en vigencia, el 30 de octubre de 2019, de esa nueva jurisdicción de crimen organizado, se hace entendiendo que todos los efectos de esa nueva norma se suspenden. Aunque haya habido 16 días en que la vacancia no había entrado en vigencia todavía, en todo caso en esos 16 días tuvo que haber entrado en vigencia esa jurisdicción y luego la suspendimos. No comparto la interpretación de que en algún momento quedó una norma derogada", dijo Sánchez.

Tras Sánchez, tomó la palabra Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente del foro legislativo, quien indicó que bajo su óptica existe una interpretación errónea por parte de algunos funcionarios judiciales.

"Hay un problema de interpretación antojadiza y que está siendo argumentada, de manera conveniente. Yo no estoy convencido de que una interpretación auténtica sea la salida. Pero, no podemos descartar absolutamente nada para contribuir a que la norma se interprete como tiene que ser. Para mi juicio, una vacancia no genera un claroscuro. No puede generar una zona gris en que entonces no se acata ninguna norma.

"En mi criterio, coincido en que estaban no derogadas esas leyes y por lo tanto deberían aplicar. El problema es más grande, el problema es que esas vacancias fueron procuradas por el mismo Poder Judicial. Hay un problema más grande: ahí, ni siquiera existe un ordenamiento", dijo Abarca, quien no descartó la posibilidad de plantear un proyecto de ley o algún trámite de urgencia para resolver cualquier vacío de interpretación.