Clan de Siquirres cobró tributos para “proteger” negocios
Allanamientos Caso Dalila
Exigir pagos a cambio de brindar protección a comercios, práctica conocida policialmente como cobro de "tributos", era una de las actividades que, según la Fiscalía de Siquirres, realizaba la estructura criminal investigada en el caso Dalila.
El expediente judicial sostiene que la organización cobraba cuotas periódicas a comerciantes de Siquirres y, a cambio, ofrecía evitar robos o tomar represalias contra quienes atentaran contra sus negocios. En uno de los casos, incluso asesinó a un asaltante como parte de ese esquema de "protección".
La investigación dio origen a la operación ejecutada el pasado 21 de junio por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Siquirres, quienes realizaron múltiples allanamientos, principalmente en ese cantón.
Según el expediente, varios propietarios de comercios acordaron pagar esos "tributos" para proteger sus negocios o para que la organización ejecutara ajustes de cuentas contra quienes afectaran su patrimonio.
Tributos y denuncia confidencial
Una información confidencial recibida por la Subdelegación del OIJ de Siquirres fue clave para revelar el funcionamiento de la organización.
De acuerdo con el expediente, un informante aseguró que el homicidio de Rasheed Harim Sánchez Scott obedeció a una venganza por un asalto cometido meses antes contra un supermercado administrado por personas de origen oriental.
Según esa versión, Sánchez Scott y otros sujetos ingresaron armados al establecimiento y sustrajeron dinero en efectivo.
El informante indicó que la organización protegía comercios a cambio del pago de cuotas y que también tomaba represalias contra quienes, presuntamente, atentaran contra esos negocios.
Además, identificó a Lameck Aryock Lozano Monge y al menor de edad de apellidos C.M.O. como integrantes de la estructura.
Ofrecieron ₡2 millones
La Fiscalía sostiene que ese sistema de cobros derivó en el homicidio de Sánchez Scott.
Según la investigación, el propietario del supermercado asaltado contactó a Yocxan Jafet Loaiza Velásquez, alias "Gato", y le ofreció ₡2 millones para asesinar a Sánchez Scott como represalia por el robo.
A partir de ese momento, la organización activó su logística criminal. Allyson Ivonne Triguero Rodríguez buscó personas que facilitaran la ubicación de la víctima y ofreció hasta ₡200.000 a quienes colaboraran con el plan.
El expediente identifica a Shirley Michel Díaz Piedra y Génesis Yaricsia Sánchez Hernández como las mujeres que aceptaron el ofrecimiento. Ambas convencieron a Sánchez Scott de reunirse con ellas bajo el pretexto de un encuentro personal y lo llevaron hasta barrio Las Indianas, en Siquirres.
Una vez en el sitio, los presuntos sicarios ejecutaron el ataque, según la reconstrucción del Ministerio Público.
Mujer admitió participación
Las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente forman parte de la prueba recopilada por la Fiscalía.
En una conversación del 24 de junio de 2026 entre Allyson Triguero y Juan Robert Fernández Jiménez, ambos conversan sobre un supuesto plan para asesinar a Yossebeth Mendoza, a quien responsabilizaban de facilitar información para el homicidio de Darrent Shemaikel Jiménez Fonseca.
Durante la llamada, Fernández le preguntó a Triguero si estaría dispuesta a cometer ese crimen.
La respuesta quedó registrada en la interceptación: "Si ya hice uno, ¿por qué no voy a poder hacer otro?"
Para la Fiscalía, esa afirmación constituye un indicio de la presunta participación de Triguero en el homicidio de Sánchez Scott.
La conversación también revela detalles que, según el Ministerio Público, solo podía conocer una persona involucrada directamente en el crimen.
De acuerdo con el expediente, Triguero afirmó que el día del homicidio realizó labores de vigilancia para confirmar la ubicación de la víctima y reconoció que el plan se complicó porque Sánchez Scott llegó acompañado por un amigo, tal como lo indican los testimonios recabados durante la investigación.
Además, aseguró que cinco personas participaron directamente en el asesinato y señaló que uno de los integrantes fue detenido posteriormente por dedicarse a "cobrar tributos y pegarle a la gente", una referencia que la Fiscalía vincula con otra causa por amenazas agravadas y tentativa de homicidio.
Según el Ministerio Público, la organización obtenía ingresos mediante diversas actividades ilícitas, entre ellas tráfico de drogas, homicidios, sicariato, introducción de estupefacientes en centros penales, contrabando de mercancías y robos agravados.