Cinco jefes demandan a presidenta de Japdeva por supuesto acoso laboral

(CRHoy.com) Cinco funcionarios con rango de jefatura de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) demandaron a su presidenta ejecutiva, Sucy Wing Ching, por supuesto acoso laboral.

Se trata del jefe de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), Cristian Alvarado Abarca; la jefa de Recursos Humanos, Arlene Solís Ordóñez; la jefa de Tecnología de Información y Comunicaciones (UTIC), María Acosta Gómez; el jefe de Seguridad Portuaria, José Luis Díaz Valverde; así como el subjefe de Seguridad Portuaria, Grevin Alvarado Méndez.

Los actores aquejaron una serie de presuntos malos tratos, faltas de respeto y acusaciones difamatorias por parte la jerarca, ocurridas tanto en reuniones presenciales, virtuales y llamadas telefónicas, como se desprende de la queja en poder de CRHoy.com. La demanda fue presentada el 26 de setiembre anterior en el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, que le asignó el número de expediente 22-001626-0173-LA, confirmó Acosta Gómez a este medio.

Una muestra de ello son los aparentes insultos y burlas que esta última recibió "por más de 90 minutos" en una reunión a la que asistieron otros funcionarios, la cual tuvo lugar el 20 de julio en la sala de la Junta Directiva de la institución.

En esa misma ocasión, la presidenta ejecutiva en apariencia acusó a Acosta Gómez de causarle problemas durante reuniones. De igual forma, supuestamente amenazó con abrirle un órgano director por no acatar una solicitud del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en relación la instalación del software MicroClaudia en medio de los ciberataques del que fue blanco Costa Rica en la primera mitad del año; esto aun y cuando la servidora había externado la necesidad de hacer pruebas de compatibilidad con los antivirus de la entidad.

Dadas esas situaciones, la funcionaria pidió en el oficio UTIC-09-0092-2022 que todos los requerimientos hacia su persona fueran canalizados a través del gerente general William Sánchez Rojas, como jefe inmediato. No obstante, lejos de recibir una respuesta, la mujer vio cómo -a modo de "represalia"– le fueron anuladas unas vacaciones previamente concedidas, con las que planeaba asistir a la graduación de su hija. Posteriormente, sin antelación, a la mujer se le ordenó tomar 64 días de vacaciones, aún y cuando existían proyectos importantes en curso.

Otro ejemplo enumerado en la demanda es la reunión de "cortesía" que la jerarca mantuvo con la Asociación Sindical de Profesionales (Asiprojap), en la cual presuntamente lanzó amenazas y agresiones en contra de las organizaciones de trabajadores de la entidad, sus dirigentes y afiliados, al señalarlos de "responsables de la situación actual" de la Junta de Administración Portuaria.

Alvarado Méndez, presidente del sindicato, recalcó que en un encuentro del 28 de junio, sobre alternativas al proceso de reestructuración que vive la institución, Wing Ching hizo énfasis en la necesidad de mantener con discreción lo acordado en la reunión; algo señalado como "normal" por el dirigente.

"Sin embargo, lo puntualizaba constantemente dirigiendo su mirada a mi persona, inclusive señalando que sabía que algunos de nosotros visitábamos cantinas y que hasta fotos tenía, dando la impresión que el mensaje iba dirigido a mi persona, hasta que finalmente se dirigió a mi persona señalando que como presidente de la asociación tuviera cuidado con informar sobre el respecto", se extrae del documento.

Al actor además -aparentemente- le cuestionó una incapacidad por una dolencia en una de sus rodillas.

De señalamientos similares fue víctima la representante de la Dirección Administrativa Financiera, según Alvarado Abarca. Reiteradamente, la demandada supuestamente cuestionó la información y los reportes que le fueron remitidos sobre la actualidad de la entidad, respecto a informes que esta debía hacer ante el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, así como a la Asamblea Legislativa.

"Las descalificaciones a las personas, a los profesionales, a los puestos y lo que se ejecuta es un tema diario. Curiosamente, esto también aplica a la misma gente que ella ha traído, como en el caso del licenciado William Sánchez Rojas, a quien descalifica sin mayores miramientos delante de quien sea, en un franco y total irrespeto a su persona, su grado profesional y a su puesto como gerente general. Esto sin duda fomenta una cultura del miedo, de administrar con el látigo, ya que la imagen que se vende es que si ni a su más inmediato en nivel jerárquico respeta a quién de ahí para abajo va a respetar. En temas de acoso esto es una clara línea de seguimiento intencionado para que los demás vean y tengan claro quién tiene el poder", puntualiza el administrador.

El funcionario además cuestionó la forma de gobierno de Wing Ching, presuntamente aprendida de Chaves Robles, de poner límites de tiempo a las tareas asignadas. "El problema en este caso, es que la razonabilidad del espacio de tiempo que la presidenta ejecutiva determina, no necesariamente es congruente o lógico con la realidad de quien o quienes deben generar los insumos", critica.

Sobre el proceso, este medio procuró un descargo de la presidenta ejecutiva. Esta pidió en una llamada que la solicitud se tramitara con su oficina de prensa.

Posteriormente, mediante la oficina de prensa respondió: "No he sido notificada por ninguna autoridad judicial de ninguna demanda. Por lo tanto, por recomendación de mis abogados no brindaré declaraciones".

Grandes pretensiones

La demanda en cuestión concluye con una petitoria de que se ordene el despido de Sucy Wing Ching por faltas graves en su desempeño como presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria.

Asimismo, pretende:

• Una indemnización por daño moral de ¢35 millones para los actores.
• Una disculpa pública para las víctimas de gritos o agresiones.
• La cobertura de las costas procesales.

Pero como medidas cautelares, las jefaturas solicitan que se le ordene a la jerarca:

• Una prohibición para amedrentar o afectar a los actores y sus testigos.
• Que se abstenga la demandada de gritar, insultar, injuriar y calumniar a los servidores.
• Limitar los encuentros con los actores o, de lo contrario, permitir la presencia de testigos.
• Que las instrucciones a los actores se realicen por escrito.