Caso OAS: Fiscalía pide desestimar causa por presunto soborno transnacional
Exabogado de empresa alegó en 2019 que dinero enviado a Costa Rica se usó en sobornos
OAS tuvo el contrato para ampliar la ruta San José-San Ramón. CRH
(CRHoy.com). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó desestimar la causa penal abierta en febrero de 2019 por el presunto desvío de fondos hacia Costa Rica que habría cometido la constructora brasileña OAS para, presuntamente, pagar sobornos en varios países de América.
La investigación, seguida en el expediente 19-000046-1218-PE, versó sobre el presunto delito de soborno trasnacional. Sin embargo, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a CRHoy.com que el caso se remitió el 22 de abril de 2022 con solicitud de desestimación al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
¿Por qué se tomó esta decisión? Según la entidad, hubo atipicidad (no se lograron establecer delitos en los hechos investigados).
Como parte de la investigación, en 2020 la FAPTA detalló a este medio que había solicitado Asistencia Penal Internacional al gobierno de Brasil, a través de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) en procura de obtener pruebas trascendentales para el caso.
¿Qué es lo que se investigó y por qué se abrió el expediente? Entre 2012 y 2014, la constructora brasileña OAS tuvo presencia en Costa Rica con la concesión para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón.
Ante dudas con el plan y una creciente oposición comunal, la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) puso punto final al vínculo para desarrollar el proyecto. Una decisión que se tradujo en un pago estatal cercano a los $35 millones para la constructora producto del rompimiento contractual.
El 28 de febrero de 2019, el medio brasileño O'Globo, reveló que un joven abogado y exejecutivo de la constructora sudamericana, de apellido Portela, confesó ante la Fiscalía de Brasil que, presuntamente, OAS creó contratos ficticios en Costa Rica para desviar dinero que luego se habría usado en el pago de sobornos en distintos países.
El abogado de 41 años, quien registró 2 visitas ‘relámpago' a Costa Rica durante 2013, habría fungido como encargado de la contabilidad clandestina de la compañía y habría participado como "burro" para mover dinero hacia los países donde, se presume, se ejecutaron los pagos irregulares.
Según la revelación publicada en 2019, los contratos fraudulentos firmados por esos brazos clandestinos de la empresa entre 2010 y 2014 sumaron cerca de $120 millones y abastecieron las cuentas de los petroleros que movían los recursos clandestinos de OAS en el exterior o remitían el dinero a Brasil.
Portela indicó en la declaración que la empresa también ideó y ejecutó contratos fraudulentos –por obras no realizadas o que no existían- en otros 7 países: Perú, Guatemala, Ecuador, Chile, Trinidad & Tobago e Islas Vírgenes Británicas.
Al parecer, según información obtenida por CRHoy.com, el abogado viajó a Guatemala y luego a Costa Rica para, presuntamente, realizar los pagos como parte de los sobornos entregados por la gestión de los proyectos viales.
Los registros migratorios, facilitados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a este medio, dieron cuenta que el abogado realizó 2 viajes relámpago a Costa Rica entre marzo y julio de 2013:
- El primero de ellos fue el 20 de marzo de 2013. El abogado ingresó al país ese día y abandonó el territorio nacional en menos de 24 horas. En ese momento, las manifestaciones sociales contra el proyecto estaban en lo más y mejor.
- La segunda venida de Portela ocurrió el 2 de julio de 2013, cuando ya el gobierno tico había dado por concluido el vínculo con la empresa. Al igual que en la primera ocasión, el abogado estuvo pocas horas en el país y abandonó el territorio nacional el 3 de julio de ese año.
Tramo de carretera entre San José y San Ramón. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
En Costa Rica, el Ministerio Público abrió una causa para investigar posibles irregularidades en la concesión otorgada a OAS, pero el caso fue desestimado en mayo de 2016 a petición de la fiscalía ante la inexistencia de pruebas sobre eventuales delitos.
En octubre de 2017, luego de que Emilia Navas Aparicio asumiera la Fiscalía, la FAPTA revaloró el expediente entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, "sin encontrarse nuevos elementos probatorios o circunstancias nuevas que ameritaran reabrir el caso penal".
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Este delito forma parte de una ley que fue aprobada el 3 de junio de 2019, con la cual se busca castigar la responsabilidad de las empresas por actividades de cohecho doméstico y otros delitos.
La legislación figura entre las acciones que debe tomar el país para afianzar su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Artículo 55 de esa ley, en el apartado sobre el soborno transnacional, señala que "(…) Será sancionado con prisión de 4 a 12 años quien ofrezca, prometa u otorgue, de forma directa o mediante un intermediario, a un funcionario público de otro Estado, cualquiera que sea el nivel de gobierno, entidad o empresa pública en que se desempeñe, o a un funcionario o representante de un organismo internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva sea en dinero, moneda virtual o bien mueble o inmueble, valores, retribución o ventaja indebida, ya sea para ese funcionario o para otra persona física o jurídica, con el fin de que dicho funcionario, utilizando su cargo, realice, retarde u omita cualquier acto o, indebidamente, haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo".[/tabx][/tabset]